Burocracia en carrera
Es necesario que el nuevo régimen del servicio civil unifique la carrera pública y la convierta en meritocrática.
No nos hemos percatado de que el próximo año podría comenzar una reforma fundamental del Estado Peruano si las cosas se hacen bien. En efecto, la Ley 29849 establece que la eliminación del régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) se producirá de manera gradual a partir del 2013, con la implementación del nuevo régimen del servicio civil. Pero lo que no se ha definido aún es en qué consiste ese nuevo régimen del servicio civil. Y allí está el quid del asunto.
En cualquier empresa privada competitiva, al empleado se le paga y premia según sus calificaciones y rendimiento, y eventualmente se lo retira cuando no funciona. De lo contrario, la empresa corre el riesgo de quebrar. Si no sucede lo mismo en el Estado, se pone en riesgo el crecimiento, la educación, la salud y la seguridad de la población.
Para evitar eso y lograr que el Gobierno sea eficiente y sirva a los ciudadanos, que son quienes lo sostienen con sus impuestos, sus organismos tienen que trabajar con metas evaluables y con presupuestos por resultados. Pero, para conseguir resultados, los empleados públicos mismos tienen que tener incentivos para producir más y alcanzar, precisamente, las metas. Eso, hoy, no ocurre. No existe un sistema de premios y castigos. En los sectores Salud y Educación (salvo la pequeña proporción que ha ingresado a la carrera pública magisterial), y, en general, en todos los que están en el régimen del Decreto Legislativo 276 (que es el más numeroso), hay estabilidad laboral absoluta. ¿Para qué me voy a esforzar si tengo el puesto asegurado? Nadie está dispuesto a correr si sabe que, antes de partir, ya ha ganado la carrera.
No solo eso. Una reciente investigación de Miguel Jaramillo, de Grade, demuestra que en el sector público no hay mayor diferencia entre los sueldos del personal calificado y los del no calificado. En promedio, el personal con educación universitaria completa gana apenas entre 15% y 20% más que aquel con solo educación primaria. Así, los trabajadores poco calificados –choferes, porteros, auxiliares– ganan bastante más que sus pares del sector privado, mientras que los empleados más calificados ganan bastante menos que sus homólogos del sector privado. No hay, así, incentivos para mejorar, y al Estado le resulta muy difícil atraer personal capacitado.
Asimismo, el llamado Cafae, que se estableció como un fondo de estímulo para premiar a los eficientes, se convirtió en la forma de sacarle la vuelta a la sempiterna prohibición de la ley de presupuesto de nombrar personal y subir remuneraciones. Vía el Cafae la propia entidad va otorgando aumentos que después terminan siendo regularizados por el MEF. Ahora el 57% de la remuneración del empleado público, en promedio, viene del Cafae. Que, por lo demás, no es pensionable ni otorga beneficios sociales, y tampoco está sujeto al Impuesto a la Renta. El sector público es así, paradójicamente, el principal evasor de obligaciones laborales y tributarias. La contraparte de esto es, por supuesto, el desfinanciamiento de Essalud y de la Oficina Nacional Previsional (ONP) que, en este último caso, solventamos todos vía el presupuesto de la república.
Lo mismo ocurre con la gran cantidad de “conceptos remunerativos”, que se inventan para sortear la prohibición de otorgar aumentos. Las planillas en el sector Interior, por ejemplo, poseen más de 500 “conceptos remunerativos”. Un verdadero escándalo y un caos inmanejable.
El nuevo régimen de servicio civil, entonces, debe sincerar todas estas distorsiones y establecer regímenes adaptados a cada tipo de servicio, pero con la característica común de la meritocracia, con contratos sujetos al cumplimiento de metas o a evaluaciones de desempeño, con remuneraciones diferenciadas según calificación y responsabilidad, y con premios por logros o eficiencia.
Y debe ejecutarse paulatinamente para ir aprendiendo y ajustando, porque sin duda tendrá costos fiscales apreciables. Pero el esfuerzo valdrá la pena. Pues es la única manera de conseguir un Estado al servicio del ciudadano, en lugar de ciudadanos al servicio de un Estado ineficiente, oneroso y obstaculizador.
