Las escuelas privadas de bajo costo en el Perú, por María Balarin
Presentamos la versión en español del artículo de María Balarin, investigadora asociada de GRADE, Low-fee Private Schools in Peru (Las escuelas privadas de bajo costo en el Perú), publicado en el blog de la Red de Investigación de Políticas, Análisis y Asesoramiento sobre la Educación y la Formación (Norrag por sus siglas en inglés).
Las escuelas privadas de bajo costo en el Perú, por María Balarin
Las llamadas escuelas privadas de bajo costo, (o low-fee private schools en inglés), son un fenómeno en aumento en muchos países de ingresos bajos y medios. En general, aparecen en un contexto donde se llevan a cabo procesos de privatización por defecto, los cuales —a menudo apoyados por una generosa legislación— no son producto de un diseño validado por el Estado, sino una respuesta “de abajo hacia arriba” que surge frente a la inexistencia o deficiencia percibida de los servicios educativos públicos, en especial en las zonas más pobres de estos países.
Frente a quienes plantean que las escuelas privadas de bajo costo constituyen un espacio de esperanza y oportunidades para los pobres (Tooley y Dixon 2005a, b), han surgido interrogantes con respecto a los entornos de regulación en que dichas escuelas operan, y con respecto al grado en que este tipo de escuelas podrían estar comercializando con los sueños y esperanzas de los pobres, sin realmente ofrecer mucho a cambio (Robertson y Dale 2013).
Un estudio de caso sobre la privatización de facto y el auge de las escuelas privadas de bajo costo en el Perú mostró diversas percepciones dentro de las complejidades de este subsector de la educación privada (Balarin 2015). En el Perú, las escuelas privadas de bajo costo surgieron, en masa, en la década pasada, bajo un decreto legislativo aprobado en 1998 que buscaba promover la inversión privada en la educación a través de la reducción de restricciones legislativas para la apertura de escuelas privadas, ofreciendo generosas exoneraciones tributarias a los inversionistas y permitiendo que las escuelas privadas pudieran operar con fines de lucro. Esto condujo a un repentino aumento de la oferta de escuelas privadas, el cual, desde 2004 —cuando el país entró a una década de crecimiento económico fuerte y sostenido—, se ha encontrado con un crecimiento igualmente importante en la demanda por educación privada. De 13% en 1998, el porcentaje de matrícula en las escuelas privadas aumentó a 26% en el 2014. En Lima —ciudad que alberga a casi un tercio de la población del país y aproximadamente la mitad de los estudiantes de educación básica—, el porcentaje de matrícula en escuelas privadas es del 50%, frente a un 29% en el 2004 (Cuenca 2013). La evidencia muestra que en las principales ciudades del país la tendencia es similar.
En el Perú, el crecimiento de la educación privada ha tenido lugar en el contexto del proceso de descentralización, mediante el cual las capacidades ejecutivas del nivel central fueron transferidas a nuevos gobiernos regionales, con débil capacidad administrativas. En este proceso, las funciones regulatorias relacionadas con las escuelas privadas casi desaparecieron. Las licencias para la creación de nuevas escuelas son otorgadas por autoridades locales, que no asumen un rol regular de supervisión con respecto a las escuelas privadas, y que tampoco recogen el tipo de información que podría facilitar su función regulatoria o el conocimiento sobre este sector educativo en crecimiento.
Otros estudios han mostrado que el Perú es el país de América Latina con el más alto grado de segregación educativa y donde, en consecuencia, las características socioeconómicas de los estudiantes están más fuertemente correlacionadas con su rendimiento escolar (Benavides, León y Etesse 2014). La investigación también muestra que el sistema escolar está profundamente estratificado, tanto por la ubicación de las escuelas como por la capacidad adquisitiva de las familias a las que estas atienden. Estas tendencias son evidentes tanto en el sector público como en el privado, aunque el rango de estratificación es mayor en el segundo, donde hay además un subsector de la oferta que está fuera de la regulación del Estado.
Las familias pobres que eligen enviar a sus hijos a escuelas privadas de bajo costo se enfrentan a un mercado escolar sin financiamiento público, y con muy poca información que facilite y apoye sus decisiones. Su opción por las escuelas privadas de bajo costo está poco motivada por una preferencia ideológica, o por una búsqueda de estatus similar a la que se encuentra entre familias de clases medias y altas. Las decisiones de estas familias se justifican más bien por preocupaciones bastante prácticas y concretas sobre la disponibilidad de servicios en sus zonas de residencia, el ratio docente-estudiante y el menor riesgo percibido de enviar a sus hijos a una escuela pequeña, cerca de sus hogares y donde puedan vigilarlos. Estas familias también se preocupan de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en este tipo de escuelas, aunque sus parámetros para juzgar la calidad son a menudo débiles o hasta erróneos. Por otro lado, cuando estas familias tienen dificultades para pagar, o cuando necesitan hacer algún reclamo, con frecuencia se encuentran con una total falta de respuesta por parte de escuelas que a menudo son manejadas como un negocio familiar —donde se contrata a personal no calificado o se incurre en prácticas inadecuadas. Es ahí donde las familias descubren las potenciales (o reales) consecuencias de enviar a sus hijos a una escuela de bajo costo: la probabilidad de que sus hijos interrumpan sus trayectorias de estudios, y la falta de protección frente a prácticas erróneas o abusivas.
En un contexto en que las escuelas privadas de bajo costo operan bajo regulaciones y estándares tan laxos, es poco probable que las familias que escogen este tipo de escuelas logren conseguir las oportunidades que anhelan para sus hijos. Esta idea se apoya también en los resultados de las evaluaciones nacionales, que muestran que los niños y niñas de escuelas privadas de zonas con altas concentraciones de pobreza tienden a mostrar resultados similares, o en muchos casos peores que sus pares de escuelas públicas ubicadas en esas mismas zonas.
Pero más allá de los resultados en las pruebas, es importante reflexionar acerca de las implicaciones para la ciudadanía y la justicia social de un mercado escolar no regulado, que separa a los niños y niñas de distintos grupos socioeconómicos en escuelas totalmente diferentes, con las consecuencias negativas que esto suele tener para los niños de familias más pobres.
Referencias
Balarin, M. 2015. “The default privatization of Peruvian education and the rise of low-fee private schools: better or worse opportunities for the poor? .” CIES, Washington D.C.
Benavides, Martín, Juan León, y Manuel Etesse. 2014. Desigualdades educativas y segregación en el sistema educativo peruano. Una mirada comparativa de las pruebas PISA 2000 y 2009. En Avances de Investigación. Lima: GRADE.
Cuenca, Ricardo. 2013. “La escuela pública en Lima Metropolitana.¿ Una institución en extinción?” Revista Peruana de Investigación Educativa (5):73-98.
Robertson, S, y R Dale. 2013. “The social justice implications of privatisation in education governance frameworks: a relational account.” Oxford Review of Education 39 (4):426-445.
Tooley, James, y Pauline Dixon. 2005a. “Is private education good for the poor.” Cato Institute. Washington DC.
Tooley, James, y Pauline Dixon. 2005b. Private education is good for the poor: A study of private schools serving the poor in low-income countries: Cato Institute Washington, DC.
