Gratuidad, calidad y equidad educativa
El acceso gratuito a la educación pública ha sido uno de los motores del cambio más importantes del sistema educativo. Gracias a ello, pasamos de un promedio de dos años de educación para la población adulta, a mediados del siglo pasado, a los casi nueve años promedio actuales. Sin dicha transición, nuestra sostenibilidad como país habría sido mucho peor.
Pero es cierto también que dicha política no ha tenido un efecto sobre la calidad de la educación, y su impacto sobre la equidad ha sido limitado. Se hubiera necesitado que las personas de bajos ingresos y con menores recursos educativos familiares puedan acceder a las mejores escuelas de manera tal de compensar, en cierta medida, los logros, lo cual permitiría mejorar la calidad educativa. Eso no se ha hecho. Al contrario, esas personas acceden a los centros de enseñanza de peor calidad. Por lo tanto, el sistema educativo contribuye a que las desigualdades sociales se reproduzcan a través de él. ¿Eliminar la gratuidad en la educación superior para quienes puedan pagar los estudios o no rindan satisfactoriamente mejoraría la calidad e igualdad de oportunidades? Para responder con mayor precisión, sería bueno conocer el destino de esos fondos…
Mejorar la calidad pasaría, por ejemplo, por tener mejores condiciones para el reclutamiento y sostenimiento de profesores que tengan nivel de excelencia, por mejorar las bibliotecas y por ofrecer alternativas de investigación a los estudiantes. Para mejorar la equidad, los fondos liberados podrían financiar el acceso y trayectoria educativa de calidad de los estudiantes de más bajos recursos. La educación superior, a pesar de ser fuente de movilidad social para pocos, reproduce las diferencias económicas entre las personas, dado los mayores retornos a la educación privada a la que acceden, en mayor medida, las familias de más recursos. Eso puede cambiar solo si más estudiantes pobres acceden a centros educativos de calidad.
No obstante, antes de eliminar la gratuidad «a ciegas», se deberían identificar claramente dos cosas adicionales. La primera es cómo se establece quiénes pueden pagar y quiénes no. Haber estado en una escuela privada es un criterio muy limitado. En el Perú, las familias de los ingresos más bajos invierten en escuelas privadas, con la esperanza de que sus hijos ingresen a universidades públicas de prestigio. Dicho sistema tendría entonces que diferenciar la necesidad de estas familias de aquellas otras que están en mejores condiciones para afrontar parte del gasto universitario.
Un segundo requerimiento es que se debería tener establecidos los mecanismos internos de las universidades para evaluar los desempeños educativos sin dejar de lado criterios de equidad. De hecho, los estudiantes de familias de menores recursos no son los que mejor se desempeñan, por lo cual una propuesta meritocrática a ciegas podría tener consecuencias negativas en los procesos necesarios de equidad, en la medida que puede ocultar la falta de oportunidades para las personas que han crecido en ambientes desfavorecidos.
