¿Qué hacer con el sistema educativo en el 2002? Flexibilizar y descentralizar
Numerosos especialistas han señalado durante los últimos años que los grandes retos para el sistema educativo peruano son mejorar la calidad (por ejemplo el rendimiento en pruebas estandarizadas de lenguaje y de matemáticas), disminuir las desigualdades (en general, asociadas a la pobreza de los estudiantes) y mejorar la eficiencia en el uso de recursos que son notoriamente escasos. En primer lugar, para diseñar programas que permitan superar estos retos habría que hacer un balance desapasionado de la situación actual, para luego reforzar los programas que han demostrado tener éxito, mejorar o eliminar los que no lo han tenido y recoger datos sobre el impacto de los programas que no han sido evaluados.
Uno de los principales problemas del sistema educativo peruano es su rigidez, que es una traba para mejorar los problemas antes mencionados. Al respecto, mencionaré tres ejemplos. El primero es la escasa atención de las necesidades individuales de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El sistema de educación pública funciona de modo que es el estudiante promedio el que debe adaptarse a la escuela. Prácticamente no existen programas que ayuden a identificar las necesidades de estudiantes a nivel individual, salvo, por cierto, el trabajo dedicado de algunos docentes (sin que esto cuente en la evaluación de su desempeño profesional). En cambio, en el sistema privado la mayor parte de los centros educativos cuenta con recursos que les permiten rápidamente reconocer a un estudiante con mal rendimiento, identificar las causas de ello (problemas médicos, familiares, de aprendizaje o de personalidad, por mencionar algunas posibilidades) y asignar un tratamiento específico para que el estudiante avance. En la escuela pública el mismo estudiante seguramente repetiría de grado y eventualmente abandonaría la escuela antes de culminar la educación básica. En los últimos años, la educación pública ha implementado notables programas, por ejemplo de construcción de escuelas, de materiales educativos, de revisión del currículo y de capacitación docente, que han estado orientados al entorno del estudiante. En un sistema más flexible deberíamos empezar a ocuparnos del estudiante, uno por uno y en grupos.
Un segundo ejemplo de la poca flexibilidad del sistema educativo público en el Perú está en la libertad de cada centro para seleccionar, evaluar y, eventualmente, prescindir de los servicios de un docente o director. En el actual sistema, es el Estado quien nombra a los docentes y los asigna a los centros educativos (en algunos casos el docente puede elegir a qué centro educativo ir). En un sistema más flexible, cada centro debería tener libertad para definir con quién desea trabajar. Esta decisión debería basarse en un proyecto de desarrollo local elaborado sobre la base de las características de los estudiantes, padres de familia y plana docente. Así se evitarían los absurdos que, lamentablemente, son frecuentes en la actualidad, como que un docente que sólo habla castellano sea asignado a una zona donde predomina una lengua indígena. Además, en cada centro educativo debería haber libertad para evaluar a su personal y en ello tendrían participar los estudiantes y los padres de familia. Como han dicho muchos especialistas, uno de los principales problemas del sistema educativo peruano es que no considera el desempeño profesional en la remuneración ni en la promoción de los docentes. La evaluación que actualmente organiza el Ministerio de Educación es para el nombramiento de docentes y una vez que son nombrados se vuelven prácticamente intocables. La alternativa sería modificar este sistema por uno de evaluación del desempeño profesional a cargo del Estado y los actores locales, y que los resultados de esta evaluación estén atados a incentivos de algún tipo.
Un tercer y último ejemplo de la falta de flexibilidad del sistema educativo está relacionado con los materiales educativos. Si bien en los últimos años se ha insistido en considerar a los docentes como profesionales autónomos, en la práctica no tienen opción para decidir qué material educativo usar. La política del ME en cuanto al reparto gratuito de textos y materiales ha sido, sin duda, positiva para muchos estudiantes que no los pueden comprar, pero deja al docente sin opciones. Una alternativa sería que el Estado certifique la calidad de algunos textos y que la decisión final de cuáles usar depende de cada docente o de la plana docente del centro educativo. Ello originaría una sana competencia entre las editoriales por crear nuevos y mejores materiales, y por ofrecer a los docentes otros atractivos (por ejemplo capacitaciones gratuitas y materiales complementarios al texto).
Así, particularmente el ME renunciaría a asumir muchas de las decisiones que toma en la actualidad para dejarlas a los estudiantes, a los padres de familia, cuerpo docente y al director en cada centro educativo. En este nuevo escenario, el Ministerio tendría que crear mecanismos para evitar la corrupción, monitorear el funcionamiento del sistema y garantizar niveles mínimos de calidad educativa y de atención a todos y cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades y con las del centro educativo.
