Oportunidades iguales para todos los peruanos
El objetivo de la política educativa debe de ser otorgar a todos los peruanos las mismas oportunidades de acceder a una educación de buena calidad. La gratuidad de la enseñanza pública para todos y a todos los niveles puede ir en contra de ese objetivo.
El predictamen de la ley marco de educación incluye dos principios centrales muy importantes. Por un lado, plantea que debe de buscarse mejorar continuamente la calidad del servicio educativo. Por otro, sugiere como un principio la equidad. Así, se propone correctamente que un principio central es ofrecer a todos las oportunidades para seguir aprendiendo. Sin embargo, se comete el error de equiparar equidad con gratuidad de la educación. Es correcto desde el punto de vista social tener como objetivo central de la ley asegurar que todos tengan la oportunidad de acceder a una buena educación. Es decir, debe haber equidad en las oportunidades que tienen los individuos para educarse. Esto no quiere decir que todos acumulen el mismo número de años de educación, pero sí que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder al número de años de educación acordes con sus preferencias y sus talentos. Y durante los años que los individuos pasen en la escuela debe de hacerse lo posible para que puedan acceder a un servicio educativo con un mínimo de calidad.
Sin embargo, en la actualidad, estamos muy lejos de esa situación. Casi todos los peruanos pueden acceder a la educación pública, al menos a la primaria, pero la calidad de esta es en promedio baja y además muy heterogénea. No todos los colegios públicos son iguales y muchísimos no ofrecen un estándar mínimo de calidad. Asimismo, existen grandes diferencias entre las escuelas urbanas y rurales, y entre las escuelas de distritos y provincias ricas respecto a las de distritos y provincias con menos recursos.
Igualar oportunidades significa entonces aumentar el estándar de calidad a todas las escuelas públicas y hacer un esfuerzo aún mayor en las escuelas rurales y las de zonas pobres. Eso implica aumentar los recursos fiscales de manera sustancial, es decir incrementar el gasto total y sesgar el aumento del mismo justamente hacia esas zonas más desfavorecidas. Se ha escuchado que una meta del gasto público sería destinar un 6% del PBI a la educación. Ese propósito, si bien deseable, no es factible. El gasto total del estado es 17% del PBI. Llegar a que el 35% del gasto público se destine a la educación llevaría a lograr una estructura del gasto público insólita, sin precedentes en el mundo. Son muy pocos los países que logran que un 25% del gasto público se destine a la educación. En el Perú quizá podamos aspirar a que en cuatro o cinco años un 22% o 23% del gasto público sea en educación y a que el tamaño del Estado (el gasto público como % del PBI) aumente dos o tres puntos. Pero con eso estamos lejos de lograr el volumen total de recursos públicos que se necesitan para la educación.
Estamos entonces en una situación en la que contamos con pocos recursos fiscales para cumplir el objetivo de que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades de educarse. Es claro entonces que lograr ese propósito simplemente no es factible si la educación publica es gratuita para todos y en todos los niveles. Se debe buscar un esquema de financiamiento educativo que permita a todos tener la oportunidad de educarse; algunos pagarán toda su educación, otros parte de ella, y otros deberán incluso recibir un subsidio por ir a la escuela. Este sistema de financiamiento es complejo, pero hacia eso debemos apuntar.
Sería fantástico y más sencillo si se pudiera proveer del servicio de razonable calidad gratuitamente a todos. Pero lamentablemente, el dinero público no alcanza. El objetivo es la equidad de oportunidades, no la gratuidad. Más aún, en estos tiempos, si se pretende que la educacion sea de buena calidad, la gratuidad es la negación de la equidad. Por una razón dura pero sencilla: No hay recursos públicos para una educación gratuita y calidad.
