Se acercan cambios en la industria minera
La creación de un código de desarrollo sustentable para la industria minera puede representar un camino certero hacia una mayor contribución de esta industria al progreso del país… si es que tanto el gobierno como la sociedad civil ponen también de su parte.
En los diez últimos años, las industrias han ido aceptando la idea de desarrollo sustentable, ya sea por iniciativa propia o por las presiones ejercidas por diferentes grupos de la sociedad civil y otras instituciones. La minería no ha sido la excepción. Se establecieron regulaciones ambientales más severas que obligaron a desarrollar tecnologías más limpias. Las poblaciones que viven en territorios donde hay explotaciones mineras reclaman cada vez más acciones que hagan respetar sus derechos. Algunas organizaciones multilaterales establecieron códigos de conducta como condición para otorgar financiamiento o garantía, por ejemplo las políticas de salvaguardia del Banco Mundial.
La nueva Cumbre de la Tierra que se realizará en Johannesburgo a fines de agosto de este año acrecienta las anteriores presiones. A tal punto que la misma industria minera, en conjunto con otros actores relacionadas a ella, se ha venido preparando desde hace dos años, a través del proyecto internacional Minerales, Minería y Desarrollo Sustentable (MMSD), para definir cómo esta industria puede contribuir al desarrollo sostenido de los países en donde opera.
El proyecto MMSD comprende actividades de investigación sobre diferentes temas mineros así como de talleres en los que participaron distintos grupos de interés relacionados a la minería y que se realizaron en distintas partes de América, Africa, Australia, Europa y Asia. Una de las propuestas del MMSD es apoyar la iniciativa del Consejo Internacional sobre Minería y Metales, para crear un código de desarrollo sostenido.
Algunos de los elementos propuestos para esta declaración formal incluirían el respeto a los principios de la Agenda 21; el seguimiento de las pautas operativas del Banco Mundial, la aceptación de la Convención para el Combate de la Corrupción para Funcionarios Extranjeros de la OECD y de la Convención 176 de la OIT sobre Seguridad y Salud en las Minas.
Una declaración como esta sería bienvenida por muchos y rechazada por otros tantos, especialmente dentro de la misma industria ya que el cumplimiento de este código implicará un aumento de costos operativos que, según algunos, podría llevar al cierre de muchas minas. Algo similar ocurrió casi treinta años atrás con la implementación de las regulaciones ambientales y, sin embargo, nadie duda que la minería ahora es mucho más limpia y respetuosa del medio ambiente comparada con años atrás, al mismo tiempo que mantiene niveles de rentabilidad.
El reto de una declaración como la anterior es grande para la industria minera. Sin embargo, también es cierto que este reto debe ser compartido con los otros actores relacionados con el quehacer minero. El Gobierno está llamado a asumir su responsabilidad en la promoción del desarrollo en las zonas mineras y no dejar toda la responsabilidad a las empresas, así como a mejorar sus instrumentos de gestión pública. La sociedad civil debe ejercer plenamente sus derechos y deberes ciudadanos y empezar a ser responsable por forjar su propio futuro, en vez de sentirse cómoda en una relación paternalista.
Sin el concurso simultáneo de las empresas mineras, la sociedad civil y el Estado, poco es lo que se logrará avanzar, y la declaración se convertirá en solo buenas intenciones. En el peor de los casos, de acrecentarse las presiones y no estar preparados adecuadamente para responder a las mismas, la industria minera será duramente perjudicada y arrastrará con ella a los gobiernos que verán reducidos sus ingresos, y a las poblaciones de zonas mineras en las cuales ya no se realizaría esta actividad y probablemente ninguna otra.
