Revertir el desequilibrio para la correcta flexibilización del mercado laboral
(Mención a Jaime Saavedra, director de GRADE)
Revertir el desequilibrio. Para la correcta flexibilización del Mercado Laboral
Hasta inicios de la década pasada, la dinámica del mercado laboral en el Perú se basaba en la intervención del Estado en las relaciones entre empleador y empleado, con el propósito de equilibrar una negociación considerada desigual. Ello generó una drástica disminución de las inversiones en actividades económicas que utilizan mano de obra intensiva, con la consecuente caída de oportunidades de empleo formal.
En este contexto, la Ley de Fomento al Empleo, promulgada en diciembre de 1991, flexibilizó el régimen de contratación individual pues permitió reducir los costos de mantenimiento de un puesto de trabajo y modificó los regímenes de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), así como la participación de los trabajadores en las utilidades, la gestión y la propiedad de la empresa.
Durante el segundo mandato del presidente Alberto Fujimori, la política en materia laboral estuvo dirigida a la creación de programas -financiados en su mayoría por organismos internacionales- cuyos objetivos eran atender las necesidades de determinados grupos sociales con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo e imprimir dinamismo al flujo de información laboral. Así, ProJoven se constituyo en 1996 como un plan de capacitación juvenil cuyo propósito era facilitar el ingreso laboral de personas de 16 a 25 años de edad, que tuvieran escasos recursos económicos y carecieran de estudios superiores. El Programa Femenino de Consolidación de Empleo (Profece) surgió como la primera bolsa de trabajo que articuló la oferta laboral de grupos de mujeres con la demanda de las empresas.
Así mismo, a partir de ese año se diseño el Sistema de Información Laboral (SIL), que contemplaba el establecimiento de una red de bolsas de trabajo interconectada electrónicamente (ProEmpleo), la producción y difusión de informaciones sobre el mercado de trabajo, y la asesoría para la búsqueda de empleo. A partir de 1997 se sustituyó la recolección de datos mediante fichas por un software que, sobre la base de perfiles ocupacionales, enlaza automáticamente la oferta de trabajadores con las vacantes de las empresas; esta medida facilita la intermediación.
Por otra parte, la flexibilidad laboral existente se radicalizó durante la segunda etapa del proceso. Así por ejemplo, en 1997 y como consecuencia de que el gobierno decidió elevar la indemnización salarial -de entre 0.5 a 1.5 remuneraciones hasta 12 por año de servicio-, se experimentó una excesiva rotación de los puestos de trabajo, explicada principalmente por el alto nivel de contratos temporales (50 por ciento). Según Jaime Saavedra, director de GRADE, esta medida significó un retroceso de las reformas implementadas entre 1990 y 1995.
Grupos y Data
Además de los jóvenes y las mujeres de escasos recursos económicos, que en cierta medida han sido beneficiados mediante esquemas de inserción, Saavedra identifica dos grupos adicionales cuya exclusión laboral debería ser evaluada para la estructuración de políticas específicas de empleo: las personas de más de 55 años de edad y las que requieren una reconversión de sus aptitudes para el trabajo. En este contexto, Saavedra considera que se necesita:
Promover más los programas de capacitación y coordinar con las respectivas instituciones de un modo más eficiente, con el propósito de que Projoven logre un mayor impacto.
Un mayor énfasis en el trabajo con mujeres, ya que hasta el momento la experiencia de Profece ha sido mínima.
El establecimiento de un subsidio a la contratación , que podría ser un mecanismo dirigido a quienes necesiten reconvertir sus capacidades. Para realizar esta tarea se requiere un periodo mayor de un año y un capital mínimo de US$2,000 por persona; en Europa del Este se comprobó que, para obtener rentabilidad, se requería por lo menos US%5,000.
En caso de los mayores de 55 años, probablemente la única solución factible consista en crear un mecanismo de subsidios, pues su reinserción es sumamente difícil.
Para Saavedra, otro aspecto importante es la necesidad de expandir la información de una forma más intensa y continua, acción que se inició con ProEmpleo. Ello se podría lograr si se creara una especie de franquicia -bolsa de trabajo- y se ofreciera este banco de datos al sector privado. De esta forma se podría intensificar la experiencia que tuvo la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (Cosude) a través del programa Caplab, que implicó la instalación de ocho centros de colocación e información laboral (CIL) en distritos periféricos de Lima.
Legislación
En materia de legislación laboral, Víctor Ferro, socio del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados, considera que sería recomendable volver al sueldo por año de servicio como indemnización pero que, al mismo tiempo, habría que evaluar si los únicos casos de despido nulo son los que están previstos en la legislación. Adicionalmente, Ferro considera que se deben volver a evaluar aspectos tales como:
? Los contratos supuestamente no laborales (como la formación laboral juvenil) y los supuestos de intermediación laboral (services), pues aparentemente se están generando abusos.
? Las negociaciones colectivas, que deberían ser destrabadas no sólo con el fin de encauzar conflictos surgidos al interior de la empresa sino también para contribuir con la introducción, en el propio pacto colectivo, de conceptos de productividad y rendimiento. Ello favorecería que los trabajadores asuman como propios estos valores.
En este contexto, un tema de agenda pendiente constituye el papel que deben jugar los sindicatos. Para Saavedra, se debería apostar por un sindicalismo moderno, totalmente opuesto a aquel que existía en décadas pasadas; así se acabaría con esa especie de psicosis que el empresario peruano tiene frente a este punto. «Teniendo en cuenta la debilidad del Ministerio de Trabajo, el sindicato podría velar por aspectos fundamentales como la seguridad laboral», comenta Saavedra.
Ferro también considera que existen derechos que hoy están regulados en forma poco equilibrada, como es el caso de la participación de los trabajadores en las utilidades. «Debería ser materia de negociación colectiva , de modo que sean las propias empresas y sus empleados los que decidan lo más conveniente para sus intereses», afirma Ferro.
En tal sentido, si lo que se busca es una legislación «justa», ambos sectores deben gozar de derechos equilibrados. Ello implica revisar las reformas tanto del derecho individual -intermediación laboral y formación laboral, por ejemplo -como del colectivo. (Omar Farro).
