Mesa de discusión: Por una Ley de Consulta
Especialistas de instituciones públicas y privadas advirtieron sobre la necesidad de no seguir retrasando la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú coherente con el ratificado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con los lineamientos de la Autógrafa de la ley aprobada el 19 de mayo del 2010 por el Congreso. Esta recomendación, entre otras, fue presentada el 18 de agosto en la mesa de discusión “Conflicto y Consulta en Operaciones Extractivas en Perú: Hacia una Ley de Consulta”, organizada por el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), la Universidad de York y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) a través de sus Investigadores Principales: Gerardo Damonte y Manuel Glave.
Para lograr las garantías de un proceso de consulta hay que tomar en cuenta los intereses y derechos del otro sin llegar a la posibilidad de veto. Sin embargo, el grado de institucionalización del OIT 169 en el Perú es débil, el texto no es detallado y hay una ausencia de legislación para su implementación”, indicó David Szablowski, coordinador del Grupo de Investigación sobre las Industrias Extractivas de la Universidad de York e Investigador Afiliado Externo de GRADE.
El Convenio 169, vigente en nuestro país desde hace 16 años y con el rango de norma constitucional, busca restituir el derecho a la consulta a las poblaciones locales sobre políticas públicas de educación, salud, regímenes laborales y sobre la concesión de territorios para la explotación de recursos naturales: “Es un momento propicio para discutir las oportunidades y dinámicas del proceso en el marco de conflictos latentes en Arequipa, Puno y del reciente cambio de gobierno”, indicó Szablowski.
No obstante, el Coordinador del Programa de Descentralización de la ONG SER, Paulo Vilca, alertó que el conflicto en Puno no es un caso que se refiera a la consulta en sí, sino que sería un elemento que permitiría afrontar el problema: “Los representantes indígenas ya no reclaman el derecho a la consulta porque consideran que ha perdido vigencia, reclaman cambio constitucional, mayor participación política y que se cumplan sus derechos étnicos pero por el nivel de exigencia, son peticiones marcadas por el radicalismo”.
Está en las manos del Congreso la aprobación de la Autógrafa tras las observaciones del Poder Ejecutivo, que además es afín a los lineamientos de la OIT”, dijo Gustavo Zambrano, comisionado de la Defensoría del Pueblo. Para el abogado, si bien hay puntos complejos como la definición exacta de “pueblo indígenas”, es deber del Estado aplicar jurídicamente la ley y comprometerse a consultar a este sector de la población sobre la aplicación de medidas que puedan afectarlos de manera directa.
