Las concesiones también pueden ser municipales
El Perú es un país con un gran déficit de infraestructura, que es más notable mientras más nos alejamos de la capital. Los limitados recursos con los que cuentan los gobiernos locales impiden que se puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de infraestructura y desarrollo regional.
Son numerosos los proyectos que los municipios necesitan: terminales terrestres, rellenos sanitarios, mercados de abastos, vías de circunvalación, parqueos, infraestructura recreativa, centros de convenciones, etc. La falta de esta infraestructura repercute negativamente en la competitividad de las empresas de la zona, ya que genera el mantenimiento de elevados sobrecostos.
Las concesiones son un mecanismo con gran potencial que permitiría atraer inversión privada para superar el déficit regional de infraestructura de una manera rápida y eficiente. Este es un instrumento que estaría perfectamente en línea con lo anunciado por el Primer Ministro en su discurso al Congreso: la necesidad de impulsar la inversión privada para promover el empleo.
La concesión no es un fin en si mismo, sino tan sólo un instrumento que puede contribuir a superar los cuellos de botella de infraestructura en las regiones. Además de permitir aumentar la competitividad de las empresas, contribuye a aumentar el bienestar de la población y proporcionarle mayores y mejores servicios en plazos breves.
Mediante un contrato de concesión un municipio puede otorgar a un operador privado los derechos de explotación de una actividad y el uso de los activos por un periodo de tiempo limitado. A través del contrato se exige al inversionista privado estándares de servicio y metas de cobertura, se fijan tarifas y compromisos de inversión, etc. Esto permite destinar los escasos recursos del municipio a otros servicios e incluso puede redituar en ingresos para las comunas. De otro lado, con las concesiones los gobiernos locales no pierden su autoridad sobre los bienes en cuestión pues como concedentes pueden solicitar la resolución de los contratos en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, en cuyo caso, se procede a la sustitución del operador privado por otro más calificado.
A través del concurso de la inversión privada en proyectos de infraestructura se pueden superar las limitaciones regionales y simultáneamente generar un dinamismo económico regional mediante mayores compras locales y generación de empleo. La duración de las concesiones está asociada a la magnitud de la inversión requerida y al tiempo que el inversionista necesita para recuperar la misma. Mientras mayores compromisos de inversión se exijan, es necesario una mayor duración de la concesión para que el concesionario pueda recuperar la misma con un margen de ganancia aceptable. Culminado el periodo de concesión, la infraestructura revierte a manos del municipio quien lo puede operar directamente o entregarlo nuevamente en concesión. Cuando se entregan activos existentes, la concesión es en realidad muy similar a un esquema de alquiler en la cual el municipio se puede beneficiar con una renta y simultáneamente acceder a mejoras a la infraestructura que exigiría al inversionista privado.
Lamentablemente, las concesiones son mecanismos relativamente desconocidos y muy poco usados en el país. Durante los últimos años, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada, COPRI, ha propuesto el uso de concesiones para modernizar la infraestructura del país. Muchas de sus propuestas, especialmente en provincias, han enfrentado oposición de la población, en gran parte por la falta de una adecuado diálogo que permita informar cómo funciona una concesión y sus potenciales beneficios. Recientemente ha sido aprobado el marco legal que permite apoyar a los municipios en este tarea. Esta es una gran oportunidad para que los municipios resuelvan sus problemas de infraestructura, y que aprovecharán solo aquellos con la visión y disposición suficiente para a asumir el reto.
