La caja de Pandora de la minería peruana
Asegurar el acceso y el uso de la información sobre minería y desarrollo sostenible a todos los actores es la única manera de superar los problemas de confianza y credibilidad que se están generando en este sector productivo.
La Ley del Canon, aprobada por el Congreso en julio pasado, es considerada por muchos un paso adelante para lograr una mejor articulación del sector minero con los procesos de desarrollo local y regional. La importancia de la norma radica en que los gobiernos locales podrán disponer de una mayor cantidad de recursos financieros para ejecutar sus planes de desarrollo y en el consenso que generó su aprobación. En efecto, la ley contó con el visto bueno de actores tan diversos, que va del sector empresarial al gubernamental.
Si no fuera porque el sector atraviesa una coyuntura marcada por hechos violentos y la falta de confianza, como los ocurridos en los últimos meses en Tambogrande, Choropampa y Huarmey, esta experiencia de concertación entre todos los involucrados en el desarrollo de la minería podría ser vista como el inicio de una nueva etapa de relaciones institucionales. Los desafíos que enfrenta la minería peruana incluyen, en ese sentido, no sólo mejorar su desempeño ambiental a la par que promover un mayor flujo de inversión privada, sino fundamentalmente contribuir al desarrollo sostenible de las regiones mineras. Para ello es imprescindible definir reglas claras para la gestión, el acceso, control y uso de recursos como parte de un sistema de información que permita tomar decisiones de manera oportuna y transparente sobre la viabilidad social y económica de los proyectos mineros.
Asegurar el acceso y el uso de la información sobre minería y desarrollo sostenible a todos los actores es la única manera de superar los problemas de confianza y credibilidad, típicos en las relaciones entre empresas, comunidades y gobiernos locales.
¿Cómo asegurar que la información pública sea completa, confiable, transparente, verificable, y que sea difundida de manera oportuna? ¿Qué información debe ser recopilada, quien debe distribuirla y cómo se puede acceder a ella? Estas preguntas deben ser respondidas adecuadamente, porque de poco sirven las audiencias públicas en las cuales se presentan los resúmenes ejecutivos de los estudios de impacto ambiental y social si no se garantiza que todos los actores puedan participar en el debate en igualdad de condiciones. Más aún, algunos analistas consideran necesario que el otorgamiento de una concesión para exploración de recursos no renovables sea posterior a una etapa previa de consulta ciudadana sobre la viabilidad del proyecto. Tambogrande es un buen ejemplo de ello, ya que buena parte del debate actual se hubiera tenido que hacer antes de la concesión.
Muchas de las directivas de organismos multilaterales, así como los convenios internacionales sobre pueblos indígenas, exigen la participación informada de los sectores más vulnerables de la población. Si bien es cierto que las empresas más importantes del sector y el propio ministerio han avanzado en comprender este desafío, hay aún mucho por aprender.
Los resultados de una reciente encuesta realizada entre junio y setiembre a una muestra de empresarios, funcionarios públicos, consultores, alcaldes y representantes de comunidades campesinas y nativas, nos muestra con bastante claridad la existencia de una agenda de consenso para encauzar al sector por un camino de mayor transparencia y sostenibilidad.
Los tres temas identificados como prioritarios fueron el desarrollo local, el desempeño ambiental, y los instrumentos y las capacidades de gestión pública. Es de vital importancia identificar como parte central de la agenda minera del Perú el desarrollo local, más aún cuando la nueva minería ya no genera el número de puestos de empleo que sí generaba la minería tradicional.
