Informalidad laboral seguirá afectando al país por 50 años más
Aunque en los últimos nueve años el número de trabajadores formales se ha duplicado en el país, la informalidad laboral todavía sigue siendo una gran piedra en el zapato. Se calcula que actualmente hay más de 11 millones de peruanos que no acceden a todos los beneficios y derechos laborales y perciben un salario por debajo del mínimo vital (S/.750).
Elmer Cuba, socio director de Macroconsult, remarca que la informalidad también está presente en las empresas formales: más de 2 millones de personas se encuentran en esta situación.
Con base en ello, la consultora estima que el año pasado la tasa de informalidad dentro de la población económicamente activa (PEA) llegó al 70,9%, 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo registrado un año antes. Este año la desaceleración económica podría mantener la informalidad en el mismo ratio.
Ante esto, Cuba calcula que –de mantenerse las mismas condiciones en el mercado de trabajo– recién en el 2064 se podría eliminar la informalidad en el país. ¿Qué hacer? Para el especialista, el camino a seguir sería flexibilizar las leyes laborales, sobre todo las de contratación y despidos, ya que con ello se aumentaría en 40% la formalidad en las empresas.
Algunos sectores concuerdan con Cuba. Para Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), los sobrecostos laborales –como los de contratación– son la causa de la informalidad en el país, ya que no todas las empresas pueden asumir estas exigencias.
En tanto, Miguel Jaramillo, director ejecutivo de Grade, sostiene que estos costos han impactado, sobre todo, a las pequeñas empresas. En esa línea, el especialista señaló que la Ley Mype –un mecanismo para incentivar la formalización de ese tipo de compañías– no ha logrado los objetivos esperados.
El laboralista Jorge Toyama añade que más que hablar de sobrecostos laborales, el gran problema de la informalidad es la rigidez de las leyes de trabajo. El Perú –remarcó– es uno de los países de la región con un mercado laboral estricto. “En otros países no se entrega al trabajador despedido un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo. Es más fácil liquidar una empresa en el Perú que despedir trabajadores”, señala.
Toyama aclara que aunque se busca una mayor flexibilización del mercado, esto no debe dar pie a abusos de los empleadores, sino a una mayor protección de los trabajadores. Esto debe estar enmarcado en una nueva ley general del trabajo.
A su turno, el laboralista español Antonio Sampere comentó que un nuevo régimen laboral flexible debe ser atractivo para todos los agentes sociales. En esa línea recomendó que estos cambios deben partir de un consenso de todas las partes involucradas para su fácil aplicación. “La flexibilidad no es para las empresas, sino para el sistema”, acotó.
Pero no todos consideran que flexibilizar las leyes laborales sea la solución. El ex viceministro de Trabajo Julio Gamero indica que en el Perú no se puede hablar de rigidez, ya que –si uno mira el sector asalariado privado– encontrará que solo uno de cada cinco trabajadores tiene contrato indeterminado. El resto está empleado mediante distintas modalidades. “De haber rigidez no veríamos que el empleo viene creciendo en los últimos años”, remarca.
Para Gamero antes de pensar en los temas de sobrecostos o de rigidez laboral, las medidas del Gobierno deberían centrarse en tener mano de obra debidamente calificada, que ayude a las empresas a mejorar su competitividad y productividad.
