Estudio de GRADE medirá el impacto del programa Pensión 65 en el marco del proyecto regional Protección social y Más: mercado de trabajo, emprendimiento y equidad de género en América Latina
El 11 de abril, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), presentó los alcances del estudio Pensión 65 y Más, en el marco del lanzamiento del proyecto regional Protección social y Más: mercado de trabajo, emprendimiento y equidad de género en América Latina, que evaluará el impacto de tres programas de protección social de carácter no contributivo: Red UNIDOS de Colombia, AFAM-PE de Uruguay y Pensión 65 de Perú en el mercado laboral, la participación laboral, la distribución de responsabilidades en el hogar y el empoderamiento de las mujeres. Pensión 65 y Más, investigación encabezada por GRADE, evaluará el impacto del programa Pensión 65, la estrategia de protección social del Estado Peruano orientada a los adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema que no cuentan con pensiones de jubilación.
La presentaciones del proyecto regional a cargo de Carolina Robino, oficial del Programa de Apoyo al Crecimiento Inclusivo del IDRC, y del estudio Pensión 65 y Más a cargo de Juan José Díaz, Investigador Principal de GRADE, fueron acompañadas por un balance de experiencias internacionales a cargo de Orazio Attanasio, investigador del Institute for Fiscal Studies del Reino Unido – IFS, un balance de experiencias de protección social desde el Estado a cargo de Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, y comentarios desde la perspectiva de la estrategia de protección para adultos mayores a cargo de Norma Vidal, Directora Ejecutiva del programa Pensión 65. Entre la audiencia estuvieron funcionarios públicos, representantes de centros de investigación de la región, y representantes de la Sociedad Civil y ONG. Martín Benavides, Director Ejecutivo de GRADE, fue moderador de la jornada.
Robino, del IDRC, resaltó la importancia de generar evidencia en torno al impacto de los programas de protección social en el mercado de trabajo, en los tipos de protección social -formales e informales- que facilitan la participación y la movilidad laboral y en cómo las interacciones entre el mercado de trabajo y la protección social afectan las decisiones de las mujeres. “Son preguntas centrales para una región que tradicionalmente ha caracterizado el acceso a la seguridad social vinculado a la condición de empleo: aquellos con un empleo formal perciben los beneficios de la seguridad social pero en una región con una informalidad laboral altísima, la mayoría de la población no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social”. Otras interrogantes claves, planteó la oficial de programa, son si la protección social puede facilitar el acceso a mejores empleos y mayor movilidad laboral para los pobres, qué ocurre con la repartición de responsabilidades dentro del hogar beneficiario de un programa de protección social no contributiva y qué sucede cuando un hogar participa de varios programas de protección social al mismo tiempo.
Díaz, de GRADE, explica que durante los cuatro años del estudio se espera contribuir al debate nacional sobre pensiones no contributivas y, en general, sobre programas de protección social a través de cinco objetivos: evaluar el impacto de Pensión 65 a través de indicadores asociados a la salud, nutrición y pobreza de los pensionistas y sus familias pero también en las inversiones de las familias en la infancia y niñez, analizar las interacciones del programa con el programa Juntos, analizar las interacciones de Pensión 65 con redes informales de protección social, estudiar los impactos en los mercados de trabajo y emprendimientos familiares, y explorar la dimensión en la asignación de recursos, roles y poder al interior del hogar y el género e inversiones en la infancia y la niñez. “Queremos elevar la conciencia política de que los programas de protección social no funcionan de manera aislada, en particular con otros programas y redes informales a los que las familias pueden acceder”, expuso Díaz.
Attanasio, del IFS, destacó la importancia de llevar a cabo evaluaciones de los programas de protección social para conocer sus impactos y mecanismos a pesar de las complicaciones que puedan surgir desde puntos de vista políticos, éticos o por la larga dilación de retornos; sin embargo, hizo un llamado a desarrollar intervenciones de protección social que puedan ser adoptadas en base a los recursos, infraestructura y capital social disponible en los países donde se realizan estas implementaciones.
La Directora Ejecutiva de Pensión 65, Norma Vidal, saludó la importancia del estudio de GRADE y afirmó que sus resultados serán guías para el diseño del programa que cuenta hoy en día con 253 mil usuarios: “Tenemos muy claro que nos interesa medir lo que hacemos y si la evidencia nos dice que debemos ir por un camino totalmente distinto, iremos por un camino totalmente distinto. Es un compromiso que hemos asumido”, alega. Vidal agregó que actualmente se desarrollan pilotos de la intervención Saberes Tradicionales, que busca recuperar los conocimientos del adulto mayor a fin de que sea visto como un activo y generador de valor para su comunidad.
La Ministra del MIDIS, Carolina Trivelli, subrayó el impacto de Pensión 65 en la autoestima de las y los adultos mayores beneficiarios: “Hoy estas personas cuentan con un documento de identidad, las conocen en el municipio, tienen una cuenta de ahorros en el banco, son consumidores en el mercado local con efectivo en la mano, van a un servicio de salud que antes pensaron que no existía”. Trivelli les sugirió a los investigadores ayudar en la traducción de los resultados de evaluación para que las recomendaciones del estudio sean factibles en el marco de las políticas públicas. “Tenemos un claro compromiso con la investigación. Nosotros financiamos y promovemos evaluaciones de programas de nuestro ministerio y de otros sectores. Por eso somos criticados ante la pregunta de qué hacer si los resultados muestran que un programa no funciona: lo cierras, lo cambias. Esa es una actitud poco tradicional en el sector público pero hay que usar los resultados de la investigación para destinar presupuesto a intervenciones efectivas”, argumenta la Ministra.
Los especialistas coincidieron en los aprendizajes y lecciones que dejarán los resultados de la evaluación de Pensión 65, programa que inició actividades en octubre de 2011 y desde enero de 2012 forma parte de MIDIS. El programa espera contar con una cobertura de 290 mil usuarios para finales de este año.
>DESCARGUE la presentación de Juan José Díaz
>DESCARGUE la presentación de Orazio Attanasio
