¿Banco rural o microfinanzas rurales?
El problema central no es la falta de fondos para financiar a la agricultura, sino la ausencia de una tecnología crediticia que permita canalizar de manera efectiva estos fondos.
El gobierno continúa debatiéndose entre la necesidad política de mostrar que algo se está haciendo en materia de financiamiento agrícola y la necesidad de atacar el fondo del problema de cómo desarrollar el mercado de capitales en el sector rural. En las últimas semanas, una Comisión Técnica del Ministerio de Agricultura ha desarrollado varias propuestas que buscarían aumentar el flujo de financiamiento a la agricultura. Entre estas, se plantea un sistema de financiamiento con riesgo compartido entre el sistema financiero y el sector público; una línea de crédito al sistema financiero para aumentar los fondos que se destinan a la agricultura; y un fondo de garantía para cubrir parte de los préstamos que concedería el sistema financiero al sector agropecuario. Estas propuestas pretenderían canalizar en conjunto entre 40 y 60 millones de dólares.
Es fácil prever que estas u otras propuestas que se desarrollen en la misma línea no tendrán los resultados esperados. En el mejor caso, se derivarán a empresas agroindustriales o grandes agricultores que podrían haber atendido sus requerimientos de financiamiento a través de las líneas de crédito ya existentes en la banca comercial. Incluso, lo más probable es que estos fondos se queden inmovilizados en los bancos sin que sean utilizados, pues con la tecnología crediticia con la que cuentan los bancos no es rentable prestarle a pequeños y medianos productores agrícolas.
El gobierno haría bien en focalizar sus esfuerzos en entender mejor qué impide a los bancos colocar préstamos en este sector. Entender por qué los fondos que COFIDE tiene para colocar en los bancos para ser canalizados a la agricultura no se han usado. Si lo hace, se dará cuenta que, al menos por ahora, el problema no es de falta de fondos, sino de ausencia de una tecnología crediticia que permita canalizar de manera efectiva estos fondos.
En esta línea, el gobierno podría colaborar con la construcción y fortalecimiento de un sistema financiero rural favoreciendo la capacitación y formalización de las organizaciones que ya vienen operando en el medio rural desde distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) y cajas municipales. Incluso podría contemplar la posibilidad de subsidiar parte de los costos administrativos de entidades financieras pequeñas, hasta que alcancen una escala de operación que les otorgue viabilidad de mediano plazo. Estas instituciones conocen mejor el medio local en el que operan que cualquier banco. La consolidación de estas instituciones haría factible que se puedan utilizar las líneas de crédito existentes. Varias de estas instituciones han mostrado tasas de recuperación altas y tasas de morosidad bajas, inclusive en escenarios tan negativos como aquellos donde el Estado ha promovido la política del «perro muerto» a través de la condonación de los préstamos.
Debe quedar claro que las instituciones de microfinanzas no tienen la varita mágica para resolver el problema de financiamiento rural. Nadie la tiene. Ellas son, sin embargo una apuesta seria para consolidar un sistema financiero que otorgue créditos a los pequeños y medianos productores rurales.
Entre julio y septiembre de cada año se levantan muchas voces exigiendo que se solucione el problema de financiamiento de la campaña agrícola del año en curso. Todos los años, el Ministro de Agricultura de turno hace malabares para torear esta presión, que usualmente se diluye pocos meses después. Este año no es la excepción ni el siguiente dejará de serlo. Si el Gobierno se compromete en apoyar la consolidación, desde las bases, de un sistema de microfinanzas que vaya creciendo hasta convertirse en un sistema bancario especializado en finanzas rurales, tal ves de aquí a cuatro o cinco años éste sea una realidad.
