¿Un nuevo censo de Población?
Al parecer, el gobierno y la nueva jefatura del INEI han desechado definitivamente el Censo 2005 para realizar uno nuevo en el año 2007, tirando además por la borda el pretendido método de un censo continuo. La decisión, a todas luces precipitada, parece obedecer más a criterios políticos que a una evaluación seria y técnica de una operación que le costó al país muchos millones de dólares, y que ahora terminará siendo considerada un gasto inútil y fuente de bochorno internacional. En lugar de realizar una auditoría técnica que identifique con seriedad los problemas y limitaciones de la metodología censal aplicada y plantee formas de solución apropiadas (solo un caso extremo sería hacer un nuevo censo), tenemos un gobierno que pretende hacer borrón y cuenta nueva a costa de los recursos fiscales (hoy abundantes nos dicen) de todos los peruanos. A esta altura ya se conocen con cierta precisión cuáles serían los problemas del Censo del 2005, y es sobre esta base que debería hacerse una auditoría antes de tomar la apresurada decisión de uno nuevo. La primera duda que hay tiene que ver con la tasa de omisión censal. La población censada, es decir, que se encuentra en las cédulas, ascendió a unos 26.2 millones. A esta cifra se le debe hacer una corrección por omisión censal. Inicialmente se había programado usar para el cálculo de ella el uso de la Encuesta Post Censal (EPC), en la cual se aplicaría la misma cartilla censal a una muestra de segmentos de unas 50,000 viviendas. Luego se cotejarían sus resultados con los del propio Censo y las diferencias iban a servir para generar una tasa de omisión y corregir las cifras, como se hace en todo censo.
Sin embargo, debido a ineptitudes aún no explicadas del personal de INEI a cargo del censo, dicha encuesta se hizo mal y no pudo usarse. Sin una EPC bien hecha, el INEI ha tenido que usar un método indirecto para calcular la tasa de omisión censal, que es una combinación de la estimación de ocupantes no censados por ausencias o rechazos con el uso de proyecciones de población usando tasas de mortalidad, fertilidad y migraciones aplicadas al censo de 1993 como base. Esta tasa de omisión censal es la que ha servido para hacer el ajuste que plantea que en lugar de 26.2 somos 27.2 millones de peruanos y se basa en una proyección demográfica. Esta proyección debería ser analizada y auditada antes de aceptarla como válida oficialmente, y el primer tema de la agenda para «recuperar» el Censo es poner dicha proyección a consideración de un grupo de expertos y tener una opinión técnica sobre su validez en un plazo razonable.
La segunda duda se refiere al alto número de viviendas cerradas, abandonadas y desocupadas encontrado en el censo del 2005, ascendiente a 930 mil a nivel nacional (12.8%). Para verificar un tema de tal magnitud, el INEI decidió volver a chequear en solo tres distritos bastante pequeños, de cuya visita desprenden que la alta tasa de viviendas desocupadas en el país es un «fenómeno real» y que no hay en el censo mayor sesgo al respecto. Lo deseable en este tema es que se revisite a una muestra mucho más grande de zonas con diversidad de tasas de desocupación y abandono de viviendas ya que esto nos puede dar una mayor certeza sobre si esta cifra de viviendas sin ocupantes está o no sesgada. Esto probablemente requiera de una inversión importante de recursos, aunque serán largamente menores a los necesarios para hacer un nuevo censo.
En suma, un problema que pudo ser enfrentado con mayor sabiduría tecnocrática se ha convertido en tema político del cual el gobierno trata de salir despilfarrando recursos y haciendo un nuevo censo sobre el que probablemente existan más dudas que las que tenemos (¿y qué pasaría si el nuevo censo arroja una cifra similar al actual?). Más que nunca es necesario convocar a una auditoría técnica internacional del Censo 2005; luego de eso se podrán tomar mejores decisiones para evitar equivocarnos tanto.