Tras una legislación protectora y flexible
Normas deben facilitar que las empresas usen más los contratos permanentes y que trabajadores accedan a beneficios básicos.
No existe la menor duda de que la legislación laboral necesita ser modificada ni de que es una tarea urgente. Tampoco se duda de que se trata de un proceso que no puede darse de la noche a la mañana y sin el debido debate de las partes involucradas.
Para Jaime Saavedra, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), el reto es lograr una legislación laboral que brinde protección al trabajador y que al mismo tiempo sea flexible, pero no es una tarea fácil, pues requiere de un amplio debate y de un consenso en torno de ella.
¿Pero qué es una legislación laboral protectora y flexible? Según Saavedra, es aquella cuyo objetivo principal es facilitar que el mayo número de empresas tome a los trabajadores bajo un contrato permanente, es decir, que estos puedan acceder a una protección mínima básica: un seguro de salud, un seguro de desempleo (CTS), vacaciones y una pensión. No obstante, al mismo tiempo, este contrato debe ser flexible: el costo para deshacerlo, ante alguna eventualidad, no debe ser caro.
Lamentablemente, agregó, muchas de las propuestas, que posiblemente se han preparado con buena intención, encarecen el uso del contrato permanente, pues indican que se debe elevar el tope indemnizatorio, avisar un despido con dos meses de anticipación o suspender los despidos mientras haya una negociación colectiva pendiente.
«Su objetivo sería forzar a las empresas, posiblemente de una manera algo ingenua, a no despedir a los trabajadores. La consecuencia de una eventual aplicación sería más bien que las empresas se vean forzadas a no contratar. El costo actual de los contratos permanentes ya es alto y la muestra es que el número de trabajadores que accede a esta protección básica es muy reducido», explicó.
Saavedra coincidió con Luis Negreiros, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, en que temas como los «services» y sindicatos son muy importantes. Pero la orientación de los proyectos de ley no sería la adecuada.
En el caso de los sindicatos, precisó que su función no debe centrarse solo en proteger al trabajador. «Si este es su único objetivo, termina siendo un ente de confrontación y un «enemigo» de la empresa. Lo que se desea es que proteja y sea un socio de la empresa buscando que los trabajadores sean más productivos a través de su capacitación», señaló.
Pero además, sostuvo, la legislación también podría introducir mecanismos que hagan conveniente para la empresa tener un sindicato. «Por ejemplo, hacer que un aumento de sueldo que resulte de una negociación colectiva no pague determinados impuestos. Así, termina siendo positiva para ambas partes», agregó.
Respecto a los »services, planteó introducir mecanismos que faciliten los procesos de inspección por parte de la autoridad y que la empresa usuaria ayude en la fiscalización del pago de los beneficios sociales.
«El problema no es la existencia de los »services, sino que hay algunos que no cumplen la ley. La solución no va por reducir el porcentaje de los trabajadores que se contrate bajo esta modalidad. Esta va por asegurar que dichos trabajadores cumplan efectivamente labores temporales y complementarias y que reciban sus beneficios», concluyó.
