Técnicas para legislar en materia económica
La aprobación de las últimas medidas legislativas obliga a replantear las herramientas para crear normas. El requisito del costo-beneficio debe dar paso a un análisis de impacto regulatorio, que garantice la calidad de las leyes y reglamentos y permita consensos en su elaboración y promulgación.\r\n\r\nLa discusión de algunas decisiones legislativas recientes, como la creación del banco agrario y las modificaciones a la legislación laboral, ha generado críticas por la falta de consenso sobre el sustento técnico o la exclusión de opiniones de grupos representativos. El Congreso y el Ejecutivo responden argumentando que se han atendido las demandas legitimas de agricultores y trabajadores. Sin embargo, en el caso de la legislación laboral y ante la protesta de los gremios empresariales, el Ejecutivo ha tenido que observar dos autógrafas referidas a la bolsa de trabajo en construcción civil y al trabajo marítimo. Esta controversia, sin duda, genera problemas de legitimidad y credibilidad.
Esto es reflejo de la crisis que afecta las instituciones, la cual dificulta la conciliación de expectativas inmediatas con los requerimientos de un proceso de desarrollo de largo plazo, que sea sostenible y socialmente más equitativo. Para superar este obstáculo se requiere mecanismos que mejoren la calidad del proceso de elaboración y aprobación de leyes y reglamentos. Un instrumento que ha demostrado ser eficaz es el análisis de impacto regulatorio.
Este es un concepto desarrollado a partir de la recopilación de buenas prácticas regulatorias en países de mayor desarrollo económico, y combina cinco componentes: 1) opiniones de expertos, 2) procedimientos para lograr consenso sobre modificaciones del marco regulatorio, 3) distribución de responsabilidades políticas, 4) información sobre buenas prácticas internacionales, y 5) análisis empírico del impacto de las propuestas.
Los componentes relacionados con la participación de expertos, el análisis de buenas prácticas o benchmarking y la evaluación del impacto de las normas, no deben confundirse con el análisis costo-beneficio, que actualmente se incluye en las propuestas legislativas. Este último usualmente se reduce a analizar si la propuesta implica mayores egresos fiscales, en cuyo caso se propone transferencias presupuestales, y a señalar en forma genérica una variedad de beneficiarios potenciales.
Aplicar la metodología de análisis de impacto regulatorio tampoco significa realizar estimaciones económicas sofisticadas. Esta técnica se refiere, más bien, a responder preguntas básicas relacionadas con la correcta definición del problema, la justificación de la propuesta legislativa, el análisis de las alternativas de política disponibles, la base legal y la distribución equitativa de los beneficios y costos de la propuesta legislativa.
Sin embargo, la mayor utilidad de este mecanismo se centra en el proceso de discusión de la propuesta, que busca generar consensos y establecer responsabilidades políticas claras. Se busca responder interrogantes vinculadas con la claridad y el acceso de los ciudadanos a la información requerida para el análisis de la propuesta, la transparencia del proceso de discusión, los medios de difusión y recepción de comentarios, los responsables dentro de cada institución de responder los comentarios recibidos y los medios para la verificación del cumplimiento de los objetivos de política propuestos.
También se busca que la relación entre el ciudadano y el Gobierno no se limite a campañas de información o comunicación, que solo apuntan a mejorar el conocimiento o la aceptación pasiva de las propuestas. Se trata de incorporar activamente las organizaciones ciudadanas en el proceso de elaboración y discusión de las modificaciones del marco regulatorio. Este requisito mejora cualitativamente el resultado de los procesos de consulta y participación ciudadana.\r\n\r\nLa aplicación de este instrumento otorga legitimidad y credibilidad a la labor desarrollada por el Congreso y el Ejecutivo.
