Participación y Programas Sociales
Los resultados de las encuestas electorales parecen estar mostrando nuevamente los patrones históricos de exclusión, y para muchos los grupos excluidos se alejan de procesos racionales en la definición de su voto. En ese marco vuelve a resaltar la urgencia para que la política social del nuevo gobierno se convierta en un elemento crucial de inclusión de los grupos más marginados. Ciertamente, este planteamiento no es nuevo ni en el espacio académico ni a nivel más práctico, siendo muchos los grupos locales que apuestan por un manejo participativo de la acción pública, especialmente en el marco de un proceso de descentralización, y para la provisión de servicios sociales básicos. Ese consenso incluso se refleja en algunos planes de gobierno. De otro lado, el enfoque de rendición de cuentas de la reciente propuesta del Banco Mundial por un nuevo contrato social plantea también que la participación de la sociedad civil es un elemento crucial para mejorar la calidad de los servicios de salud, educación y protección social, aunque ciertamente debe estar apuntalada por el acceso a información adecuada y oportuna y con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional de los proveedores de estos servicios. Aunque muy prometedora, la implementación de políticas consistentes con este enfoque no está libre de dificultades y riesgos. La literatura es contundente en mostrar las bondades de los enfoques participativos en la provisión de servicios, pero muchos de ellos también advierten acerca del sesgo de las mejoras a favor de las localidades de mayores recursos, siendo conocido el caso de la educación en Argentina con la descentralización. Un ejemplo en el Perú puede ser el caso de los CLAS para la provisión de los servicios de salud. Aunque se adolece de evaluaciones rigurosas de lo ocurrido en el período de mayor flexibilidad, diversos estudios muestran las mejoras ocurridas en diferentes aspectos de la calidad de los servicios. Sin embargo, varios de ellos muestran también que los CLAS funcionaron mejor en zonas urbanas que en las rurales. Este tipo de ejemplos hacen evidente lo complicado de la promoción de la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia de la calidad de los servicios sociales, especialmente entre aquellas poblaciones con baja auto-estima individual y colectiva, y es aún poco lo que sabemos acerca de cómo empoderar estos grupos para la acción colectiva. En ese marco, una política centrada en la mejora de información y en la autonomía a las unidades locales puede permitir mejoras para varios grupos, pero corre el riesgo de dejar rezagados a los más desfavorecidos y tradicionalmente excluidos. Ciertamente, la idea de plantear estos riesgos no es detener el proceso, en primer lugar, porque la participación para muchos es más que un medio para mejorar la calidad de los servicios. El asunto es que siendo conscientes de los mismos se podrá actuar más decididamente sobre innovaciones que eviten la persistencia de los mecanismos de marginación tan profundamente enraizados en el país.
