La salida están en la productividad
La legislación laboral debe de ser consistente con lo que esta economía puede realmente financiar. Sólo aumentando la productividad se podrá financiar de manera sostenible los beneficios sociales a los que esta sociedad aspira y que los trabajadores desean alcanzar.
La economía está lejos de asegurar beneficios sociales mínimos para sus trabajadores. La mitad de la fuerza de trabajo urbana goza de algunos beneficios sociales , y sólo un 20% goza de todos beneficios que estipula la legislación laboral. La otra mitad es totalmente informal y no goza de seguro de salud, no ahorra para una pensión, no tiene vacaciones, ni depósitos que la ayuden a financiar períodos de desempleo.
Todos los trabajadores del país deben de tener la posibilidad de obtener los beneficios que contempla la ley. Pero lograr estos beneficios tiene costos. Empresas, trabajadores y Estado, deben de generar los recursos suficientes para poder financiarlos. En este sentido, mejorar la calidad del empleo y asegurar beneficios sociales para todos los trabajadores no es algo que se logra simplemente con una legislación que lo imponga.
Gran parte de la legislación laboral esta diseñada como si en el Perú el empleo estuviese dominado por la gran empresa. Como sabemos, la mayor parte del empleo asalariado se genera en las microempresas, empresas pequeñas y medianas. La mayor parte de los dueños de estos establecimientos quisieran que sus trabajadores tengan un seguro de salud, vacaciones y CTS, pero en muchos casos no pueden solventarlos. O los trabajadores prefieren obviar descuentos por sus muy bajos ingresos.
¿Como avanzar en el proceso de mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores en su conjunto y en particular en las empresas pequeñas y medianas? ¿Cómo hacer que estos empleos sean en su mayoría formales? Es necesario avanzar en varios frentes.
Por un lado, es necesario que las empresas con elevados niveles de productividad, cumplan con lo que la legislación establece. Más aún, las empresas enfrentadas a la competencia internacional tendrán una creciente presión por equiparar sus estándares laborales a los de su competidores externos.
De otro lado, es necesario reconocer que existen diferencias de productividad entre distintos tipos de empresas. Algunas empresas pueden pagar los beneficios de ley sin reducir su competitividad, a otras empresas les sería imposible cumplir y mantenerse en el mercado. De facto, muchas empresas, usualmente las más pequeñas, logran ser competitivas en determinados segmentos del mercado en tanto no pagan beneficios sociales. Las autoridades laborales pasan por alto estos incumplimientos, y posiblemente deberán seguir pasándolos por alto; si no, estas simplemente desaparecerían. Si bien se estarían destruyendo empleos de mala calidad, son la única opción para muchos trabajadores. Una opción es estudiar algún mecanismo por el cual empresas con ventas o número de trabajadores por debajo de algún límite, estén obligadas a cumplir con un conjunto menor de beneficios. Si bien este esquema no es óptimo, es una alternativa mejor a la complicada situación.
En todo caso, el mecanismo más importante para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral es incrementar la productividad de la empresas, independientemente de su tamaño. El mecanismo principal para lograr que más trabajadores tengan los beneficios sociales a los que esta sociedad aspira es incrementar la productividad de las empresas medianas y pequeñas. Sólo cuando veamos que éstas aumentan su producto por trabajador, a través de mayor inversión en capital físico y en capacitación, de incorporación de tecnologías más modernas y de mejores prácticas organizacionales, va a ser posible financiar de manera sostenible el cumplimiento de la legislación, y otorgar de manera sostenible a los trabajadores de estas empresas los beneficios sociales y los mecanismos de protección social que la ley ya establece.
