La pandemia del COVID-19 y la inseguridad alimentaria en el Perú, por Eduardo Zegarra
Foto: Southern Voice.
La crisis sanitaria debido al coronavirus que atraviesa el Perú se está convirtiendo también en una crisis alimentaria. Según una encuesta realizada por el INEI a familias de Lima Metropolitana y Callao en la primera semana de mayo, un 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con contenido proteico como carnes, pescado y huevos. En el 73% de estos hogares la causa fue carencia de medios económicos. Esto equivale a por lo menos 1 millón de personas. Si extrapolamos estas cifras al Perú urbano, podríamos estar llegando a más de 3 millones de personas con inseguridad alimentaria en ciudades a nivel nacional; y esto sin contar con lo que viene pasando en zonas rurales, también duramente golpeadas por la paralización económica de la cuarentena.
Según la FAO la seguridad alimentaria se basa en cuatro pilares: disponibilidad, acceso, inocuidad y estabilidad. Todos están relacionados al consumo de alimentos nutritivos y seguros por parte de la población. Problemas en cualquiera de estos frentes implican inseguridad alimentaria. Ésta puede ir desde:
– una situación leve, en la que hay reducción de algunos alimentos, pero se come todos los días;
– intermedia, donde las personas se saltan alguna comida al día;
– a una muy grave, donde dejan de comer completamente por un día o más.
Las cifras de la encuesta del INEI indican que ya varios millones de personas en nuestro país están en situación de inseguridad alimentaria entre intermedia y grave. La misma encuesta también consulta sobre qué tan seguros se sienten de poder pagar los alimentos que necesitan durante las próximas cuatro semanas. Un 30% declaró que se sentía nada seguro y un 47% poco seguro. Es decir, un 77% tiene inseguridad sobre su capacidad de acceder a alimentos. Esto nos aleja aún más del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de tener hambre cero para toda la población nacional.
Los mercados: focos de infección
En las últimas semanas también se han detectado focos de infecciones en diversos mercados de alimentos, tanto mayoristas como minoristas, en Lima y en el interior. En el caso de Lima, los mercados que inicialmente evaluaron, arrojaron tasas de contagio de más del 50% de los comerciantes. Y en el caso de los dos mercados mayoristas más importantes, las cifras de contagio superaron el 70%. Esto está generando una importante disrupción en los canales de abastecimiento de alimentos en Lima y Callao, así como en ciudades grandes del interior. Varios mercados están siendo cerrados por la autoridad sanitaria o municipal. Todo esto sucede sin un plan integral. Los problemas de contagio en las cadenas alimentarias son sistémicos y requieren mucha coordinación y autoridad legitimada para poder mitigarlos.
Si la situación de descontrol de los mercados sigue como hasta ahora, al problema ya señalado de acceso a alimentos por carencia de medios económicos habrá que agregarle otro más: uno de falta de inocuidad y caída en la disponibilidad de alimentos. Y no será porque la agricultura no esté produciendo lo necesario para alimentarnos (lo está haciendo y muy bien, especialmente la agricultura familiar), sino por la total incapacidad de nuestras ciudades para regular y modernizar sus sistemas de comercialización de alimentos para consumo interno. Curiosamente el Perú ha logrado ser líder en exportación de frutas y hortalizas a nivel mundial. Esto gracias a sistemas sanitarios muy sólidos. Pero a la vez, el país está a la cola en cuanto a la sanidad e inocuidad de su comercio interno de alimentos.
El gobierno recién ha empezado a reaccionar en torno al problema. El presidente Vizcarra anunció hace poco que se “reactivarán comedores populares” desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Es una idea importante, que está siendo apoyada por expertos y dirigentes. Pero requiere un enorme esfuerzo de movilización social y coordinación multisectorial. Son justamente las capacidades que no están muy desarrolladas en el aparato público nacional, regional o local. Llevamos ya muchos años sin tomar en cuenta a las organizaciones populares que antes gestionaban problemas colectivos. Ejemplos son los clubes de madres, comedores, redes de salud, comunidades campesinas, juntas vecinales, y rondas campesinas. En plena pandemia y con el reloj en contra, es urgente reconstruir ese tejido social y organizativo.
Agricultura familiar y seguridad alimentaria
Tampoco juega a favor de la seguridad alimentaria en el país el abandono de la agricultura familiar. Los gremios agrarios fueron los primeros en plantear la necesidad de un bono de carácter productivo. La idea era ayudar a millones de pequeños agricultores que enfrentaban una caída drástica de ingresos agrarios y no agrarios. Empero el gobierno no recogió la propuesta. Siguió insistiendo en bonos focalizados en familias en pobreza. Esto ha llevado a una cobertura muy limitada de la ayuda, y peor aún, a demoras en la elaboración de “padrones de beneficiarios” que aún nadie conoce en detalle.
Tales problemas están pasando factura a cientos de miles de pequeños productores que han perdido sus cosechas. Casi no han recibido ingresos por sus cultivos, y han empezado a sacrificar ganado por no poder alimentarlo. La descapitalización agraria tendrá consecuencias para la próxima campaña agrícola, poniendo otra vez en riesgo la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad y estabilidad en el futuro.
Hemos llegado a un punto en que es necesario y urgente crear una instancia al más alto nivel presidencial para la seguridad alimentaria en nuestro país. Necesitamos una entidad potente, con capacidad de decisión. Debe poder asignar recursos para fortalecer todos los aspectos relevantes de las cadenas agroalimentarias que son claves para la alimentación de los peruanos. Esta es una medida vital, no sólo para enfrentar la crisis, sino también para empezar a gestar un futuro distinto para los millones de peruanos y peruanas en términos de seguridad alimentaria y nutricional.
