«La minera y la comunidad no deben negociar dinero sino objetivos»
El investigador principal de Grade sostuvo que el Estado debe participar en el diálogo para evitar la mercantilización de la licencia social.
Guillermo Westreicher
gwestreicher@diarioGestión.com.pe
Mañana se iniciarán las negociaciones entre el Ejecutivo y las autoridades de la provincia de Espinar . La mesa de diálogo se instalará en la ciudad de Yauri y -según la agenda programada- la reformulación del Convenio Marco ha sido relegada a un segundo plano.
“Es un tema accesorio que se podrá tocar cuando estén resueltos los demás pedidos”, declaró Herbert Huamán Llave, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie). Pero ¿En qué consiste este instrumento de negociación y por qué es objeto de debate?
Manuel Glave, investigador principal de la organización Grade, explicó que el Convenio Marco es un acuerdo a nivel provincial, que comprende siete u ocho distritos y entre 40 y 50 comunidades.
“El problema es que este acuerdo puso por delante el tema mercantil. La empresa se comprometió a pagar US$ 1.5 millones o 3% de las utilidades antes de impuestos anuales para realizar sus actividades. Hay una buena intención pero al final se estableció una regla diferente, se acordó un precio por la licencia social sin la participación del Gobierno”, señaló.
Entonces, la cuenca del río Cañipía –aseguró el experto- se volvió una zona conflictiva porque las empresas comenzaron a pactar con las comunidades pagos adicionales a los acordados en el Convenio Marco, es decir, regalías informales.
Para evitar estas distorsiones en la negociación, Glave recomendó utilizar herramientas como: los fondos sociales, un plan de desarrollo concentrado, un plan de gestión de recursos hídricos y un plan de ordenamiento territorial.
Sin la presencia del Estado –afirmó el investigador- se facilita el cambio de las reglas de negociación, porque hay poca capacidad de articular lo que se está negociando con las necesidades de inversión de la zona.
“Si existen acuerdos privados no se deben poner montos por delante sino objetivos para lograr el desarrollo de las comunidades. Coincido con el alcalde Mollohuanca en que no se puede continuar con el Convenio Marco si no se definen las inversiones como parte del plan de desarrollo concertado”, aseveró.
La promesa de un modelo
A nivel internacional –resaltó el analista- Tintaya es un modelo de estudio sobre las relaciones entre una gran corporación y las comunidades campesinas.
“Fue un modelo desde el 2001 con la instalación de la Mesa de Diálogo. En esta plataforma de negociación participaron la empresa y cinco o seis comunidades afectadas por las actividades de la mina desde los años 80. El objetivo era concertar sobre cuatro temas: medio ambiente, derechos humanos, tierras y desarrollo sostenible”, destacó.
Sin embargo, según el experto, a partir del 2007 la situación se volvió más compleja para la empresa porque no se tuvo uno sino tres frentes de debate: la Mesa de Diálogo, el Convenio Marco y la negociación con los regantes de Cañipía.
