La Ley de Telecomunicaciones
La discusión sobre la modernización de la legislación de telecomunicaciones se ha centrado principalmente en la situación de los canales de televisión, descuidando la telefonía y el acceso a Internet, que pueden tener un impacto mayor en el desarrollo económico y social del país.
En la década pasada se ha dado una revolución a nivel internacional en relación con las condiciones que determinan el desarrollo y la competitividad de un país, tomando un lugar de primacía la tecnología de las comunicaciones. Los países evolucionan hacia una sociedad de la información o del conocimiento, sociedad que permite a las empresas aumentar su productividad y al público en general acceder a información en cualquier parte del mundo.
Aunque esta revolución trae consigo grandes posibilidades a países en vías de desarrollo como el nuestro, también nos plantea retos importantes, ya que las diferencias en los signos de riqueza entre los países y entre las personas estaran marcadas por la forma y cantidad de acceso que tenga la población a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las nuevas tecnologías en telecomunicaciones permiten el acceso a Internet a través de una diversidad de medios; entre ellos, las líneas telefónicas, la televisión por cable, la telefonía móvil, la vía satélite y las líneas de alta velocidad. La experiencia internacional muestra que, conforme se desarrolla la competencia, las empresas se centran en diferentes tipos de clientes y ofrecen una diversidad de planes tarifarios.
Por eso, es esencial modernizar la legislación de telecomunicaciones para permitir la adopción rápida de nuevas tecnologías y servicios y promover la competencia. Dos políticas de telecomunicaciones importantes que la nueva ley debería incorporar son la reducción de barreras a la entrada y el fortalecimiento de la autonomía del organismo regulador.
Una barrera sustancial a la entrada de nuevos operadores son las restricciones y costos que imponen algunos gobiernos locales en los concesionarios de telecomunicaciones. El nuevo concesionario necesita obtener permisos de diversas municipalidades para poder desplegar su red. El principal problema con los requisitos establecidos por las municipalidades radica en que estos muchas veces no responden a consideraciones de desarrollo local, seguridad o urbanismo sino más bien a las necesidades fiscales de cada municipio.
Así, algunos gobiernos locales ven a las empresas básicamente como una rápida y abundante fuente de fondos, imponiendo tasas altas por los permisos o negándolos; lo cual incrementa los costos de las empresas y encarece el servicio en perjuicio de los usuarios de las telecomunicaciones. La nueva ley podría reducir esta barrera otorgándole al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la facultad para que -de manera coordinada con los municipios- pueda simplificar y unificar los requisitos exigidos a los operadores.
Un sector en el que prima el rápido cambio tecnológico exige que las empresas inviertan y se modernicen continuamente para mantenerse competitivas. Si se quiere incentivar y promover la inversión, se requiere que el Estado proporcione reglas claras y predecibles a los operadores y que ellas se puedan sostener en el largo plazo, ya que los inversionistas sustentan sus decisiones en horizontes temporales que rebasan los cinco años de un período gubernamental.
Es por estas razones que en el ámbito internacional se recomienda la creación de organismos reguladores autónomos e independientes del poder político y de los intereses económicos privados de las empresas reguladas. El organismo regulador debe tener la capacidad económica para contratar personal técnico altamente calificado y especializado para poder regular el mercado de manera eficiente y transparente. Actualmente, en el Perú se cuestiona este modelo. Es imprescindible que la nueva ley de telecomunicaciones garantice la autonomía política, administrativa, económica y funcional del organismo regulador. Incluso debería tener autonomía constitucional.
