Facilitar la competencia en telecomunicaciones
Existen regulaciones que, aunque bien intencionadas, limitan el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Un ejemplo es la obligación de preparar planes mínimos de expansión para las empresas, la cual conlleva una duplicación innecesaria de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones.
En los últimos tiempos se empieza a notar cada vez más los efectos del desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones. El número de usuarios de telefonía móvil ha sobrepasado al de usuarios de telefonía fija; existen varios operadores de larga distancia nacional e internacional y hay dos nuevos operadores de telefonía local (AT&T y BellSouth). En los próximos meses empezará a funcionar el nuevo sistema de llamada por llamada, mediante el cual los consumidores podrán escoger su operador de larga distancia.
La competencia permite que el consumidor disponga de un abanico de posibilidades en términos de tarifas y calidad de servicios. Cuando se introduce competencia en un mercado, que antes era monopólico, el Estado tiene un papel por cumplir como promotor de la competencia, a la vez que protege los derechos del consumidor. \r\n\r\nEl monopolio reduce los niveles de producción con el objetivo de aumentar los precios, lo cual genera una falla en el funcionamiento del mercado. En estos casos, el Estado evita este comportamiento a través de la imposición de obligaciones de cobertura (planes de expansión o compromisos de inversión) y límites superiores (topes) a las tarifas que puede cobrar.
Estas mismas obligaciones no tienen sentido en un mercado en el que las empresas ingresan a competir con el antiguo monopolio ya que estas requieren flexibilidad para adecuar sus estrategias comerciales y así poder competir. Es muy difícil que las nuevas compañias empresas prevean cuánto, dónde y en qué tipos de servicios van a invertir, pues estas decisiones dependerán del tipo de aceptación que tengan en el mercado, las estrategias de sus competidores y la situación económica del país. Esta incertidumbre no se aplica a un monopolio, el cual posee un mercado cautivo.
Actualmente la legislación peruana mantiene la obligación de contar con planes mínimos de expansión para todos los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Esta obligación, que es justificada en un entorno monopólico, limita el desarrollo de las empresas en un contexto de competencia. Un ejemplo es el plan mínimo de expansión para todos los concesionarios de larga distancia, mediante el cual cada uno de ellos está obligado a instalar una central en cinco ciudades del país. Detrás de esta disposición se encuentra el objetivo bien intencionado de que los concesionarios instalen infraestructura en otros lugares del Perú distintas a Lima. Sin embargo, esta infraestructura es innecesaria, pues el avance tecnológico en las telecomunicaciones permite que actualmente una central transporte prácticamente todo el tráfico del país. Por lo tanto, se obliga a las empresas ingresantes a incurrir en costos que no son indispensables para la provisión del servicio en el interior del Perú.
Este tipo de obligaciones (de cobertura o compromisos de inversión), aunque bien intencionadas, llevan a que las empresas realicen gastos que no son necesarios para el desarrollo de los servicios y que podrían haber sido dedicados a otros rubros para hacerlas más competitivas. El resultado final es una duplicación innecesaria de infraestructura y un aumento de costos para las empresas entrantes. Por consiguiente, una manera de facilitar la competencia sería eliminar estas obligaciones de cobertura y dar la flexibilidad necesaria para que las empresas puedan compartir infraestructura entre ellas o alquilarla de otros operadores. De esta manera, las empresas pueden reducir sus costos y así los consumidores se podrán beneficiar con menores tarifas.
