El capital privado y la infraestructura
¿Cómo asegurar una participación activa de los capitales privados en el desarrollo de la infraestructura de transporte de uso público? La respuesta a esta pregunta no nos es lejana y un mayor interés en el tema de seguro nos daría las soluciones.
El presidente de la República y el ministro de Economía han anunciado recientemente que se utilizarán recursos de privatización para financiar obras públicas, especialmente carreteras. Si bien esto busca responder las demandas de las regiones para mejorar su infraestructura básica, se mantiene un patrón de dependencia de recursos del presupuesto público para la atención de las necesidades regionales.
Un enfoque alternativo buscaría asegurar una participación más activa de los capitales privados en las concesiones de infraestructura de transporte de uso público. Para ello se requeriría el fortalecimiento de la capacidad regulatoria de Ositrán y la difusión en el ámbito regional de los beneficios de los programas de concesión de infraestructura básica.
Al respecto, puede ser particularmente ilustrativa la experiencia de las economías de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la promoción de la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura económica básica, especialmente en el contexto actual de escasez de recursos fiscales. Estas economías enfrentaron a partir de 1997 la más larga y profunda crisis financiera registrada desde fines de la Segunda Guerra Mundial, que impactó en la disponibilidad de recursos para la inversión en proyectos de infraestructura básica. Es así como el financiamiento para estos proyectos cayó de US$ 41 mil millones en 1996 a US$ 12 mil millones en 1998. La crisis fue un serio revés para los planes de desarrollo de las economías del Sudeste de Asia.
La respuesta de estas economías fue buscar un mayor aporte de capitales privados para el desarrollo de la infraestructura básica. Ello implicaba la adopción de regulaciones atractivas para los inversionistas externos. En esa línea el Grupo de Infraestructura Económica de APEC, a través de un diálogo con expertos y representantes de organismos multilaterales y el sector privado, preparó unas recomendaciones para la creación de un nuevo régimen regulatorio de las actividades de infraestructura.
Estas cubren temas de política sectorial relacionados con tarifas y promoción de la competencia, aspectos legales y regulatorios sólidos, mecanismos para la reducción y el manejo adecuado de los riesgos asociados a proyectos y propuestas para establecer operadores independientes y no integrados horizontal o verticalmente. Adicionalmente, se propone asegurar la transparencia del proceso de concesión y la existencia de ofertas competitivas. Estos requisitos deben asegurar un entorno competitivo y ganancias de bienestar para los usuarios de infraestructura.
En el caso del Perú, el fortalecimiento del marco regulatorio pasa por aclarar la aparente superposición de funciones entre el MTC y el ente regulador, así como incorporar la supervisión del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (Sinmac) al ámbito del Ositrán. Adicionalmente, se requiere difundir los avances parciales del proceso de concesiones, que incorpora dos ejemplos de cómo el aporte privado mejora el bienestar regional y libera recursos públicos para programas prioritarios. Así, con ocasión del reciente terremoto en el sur, los operadores privados de las concesiones privadas de la carretera Arequipa-Mataraní y del ferrocarril del sur lograron restablecer la operación de las vías en tiempo récord y no demandarán de recursos públicos para la recuperación de la infraestructura, ya que las pérdidas serán cubiertas por las compañías de seguros.
También se requerirá de la participación activa de las nuevas administraciones regionales para impulsar la política de concesiones viales y atraer la confianza de los inversionistas privados. Para ello será importante contar con el apoyo de entidades como Ositrán, Copri y el conjunto del sistema regulador. El aporte de estas instituciones permitirá consolidar la capacidad regional para liderar procesos autónomos de desarrollo económico.
