Consentimiento previo en la minería peruana
Aún no sabemos como asegurar el acceso, uso y apropiación de la información pertinente sobre minería y desarrollo sostenible. La industria ha reconocido mundialmente el consentimiento previo informado como un nuevo instrumento de gestión social y ambiental.
Tienen razón el Ministerio de Energía y Minas y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo cuando afirman que la consulta vecinal realizada en Tambogrande hace unas semanas no tiene carácter vinculante, dado que se estarían cambiando las reglas de juego. También afirman que en el país existe un ordenamiento legal. Sin embargo, precisamente casos como el de Tambogrande ilustran las limitaciones del ordenamiento legal vigente. Sobre esta problemática resaltan políticas públicas para una eficaz operación del ‘consentimiento previo informado, concepto que viene adquiriendo cada día mayor consenso como en el proceso del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD).
En primer lugar, existe un problema de zonificación. Es conocido que en el Perú sólo en algunas categorías de áreas naturales protegidas, como los parques y santuarios nacionales, no está permitida la exploración o producción de recursos no renovables. Sin embargo, existen otros territorios que tienen características distintas que imponen restricciones diferentes a cualquier proyecto de inversión. En ese sentido, es imprescindible desarrollar una zonificación económico-ecológica que defina con claridad las reglas para el uso del territorio. Así se evitaría muchos de los conflictos sociales y ambientales generados en algunos proyectos mineros. El año pasado se constituyó una comisión técnica multisectorial, encabezada por el Consejo Nacional del Ambiente, para elaborar una primera propuesta de zonificación nacional. Es necesario acelerar este proceso y que la propuesta sea discutida y analizada por la mayor cantidad de actores posibles y descentralizadamente.
En segundo lugar es necesario establecer cómo participa la ciudadanía. Ciertamente, las consultas vecinales no deben constituirse en el mecanismo para tomar decisiones sobre la viabilidad de un proyecto de inversión. Pero tampoco se puede desechar el instrumento. Para superar los problemas de confianza y credibilidad típicos en las relaciones entre empresas, comunidades y gobiernos locales, es imprescindible maximizar la participación ciudadana a través de una reforma del Sistema de Gestión Pública Ambiental, que permita que la ciudadanía participe en etapas más tempranas de la toma de decisiones, de tal manera que el otorgamiento de una concesión para exploración de recursos no renovables sea posterior a una etapa previa de consulta ciudadana sobre la viabilidad del proyecto. Así, por ejemplo, la definición de los términos de referencia de los estudio de impacto ambiental y social debería ser objeto de consulta con la ciudadanía. Este simple mecanismo, complementado con el proceso de zonificación, resolvería rápidamente la mayoría de los problemas sociales y ambientales en el sector. Adicionalmente se debe pensar en potenciar el desarrollo de sistemas locales de vigilancia y monitoreo de conjuntos, tales como los que se vienen desarrollando en algunos proyectos.
El proceso del proyecto MMSD ha producido algunas propuestas globales de política que han sido aceptadas por los diversos actores. Entre otras podemos destacar la necesidad de hacer operable el ‘consentimiento previo informado, y promover el desarrollo de planes de desarrollo comunal sostenible (PDCS) como uno de los instrumentos básicos que la industria debe incorporar para lograr una mejor relación con comunidades locales, maximizando beneficios y operando los preceptos de la participación informada y el consentimiento previo informado. En ese sentido, estas propuestas de política pública, buscan dar otro paso adelante para lograr una mejor articulación del sector minero con los procesos de desarrollo regional.
