Austeridad no es solo recortar sueldos
El 24 de agosto, el Primer Ministro anunció importantes metas de mejora de la comprensión lectora de los alumnos de primaria. Ofreció priorizar la atención integral a la infancia y la educación inicial, aumentar horas de clase, brindar asesoría y apoyo a las escuelas, y poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), todo lo cual podría ayudar a alcanzarlas.
El 5 de setiembre, en la Comisión de Educación, el Ministro de Educación incidió más en el tema de la evaluación. Confirmó se aplicarían las pruebas latinoamericanas de UNESCO en noviembre de este año y las pruebas nacionales de rendimiento estudiantil en el 2007 o 2008. Anunció también que el Perú volvería a participar en las pruebas internacionales PISA del 2009. Todas estas evaluaciones hubieran mantenido bien ocupadas – si no desbordadas — las capacidades existentes en el país en ese terreno. Pero el Ministro anunció también que se reglamentaría el SINEACE y que se apoyaría el debate y aprobación del proyecto de nueva ley de Carrera Pública Magisterial, que da mucha importancia a la evaluación como instrumento para el ingreso, ascenso y salida de la carrera.
Y, por si fuera poco, el 12 de setiembre el Ministro advirtió la necesidad de evaluar también a los docentes, y el 19 el Presidente declaró que antes de fin de año se evaluaría a todos los docentes y a «alumnos de diferentes niveles». Una semana después, el 26 de setiembre, en una conferencia en que las evaluaciones aparecieron como «lo concreto», se confirmó que en el curso de las 10 próximas semanas se evaluará a todos los docentes de escuelas públicas y a todos los docentes titulados, empleados o no, que lo deseen, lo que podría sumar más de 400,000 maestros y que, en el mismo plazo, se aplicará una prueba «de opción múltiple» a todos los estudiantes de segundo grado, que deben ser unos 700 u 800 mil.
Se afirma que estas medidas se vinculan a la municipalización, a la extensión de la jornada escolar y a la alfabetización. No es nada claro cómo se hará esto, ni cómo se avanzará en la implementación del Sistema Nacional de Evaluación, ni cómo se articulará la evaluación anunciada con el debate de la nueva carrera pública magisterial. No es fácil tampoco vislumbrar cómo se articulan estas acciones con las propuestas del Proyecto Educativo Nacional que impulsan el Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional, que el Ejecutivo afirma enmarcan sus acciones.
Es bueno que la evaluación empiece a verse como una herramienta útil de gestión. Sin duda, hay que evaluar a alumnos, docentes, autoridades, programas y políticas, aplicando las mejores herramientas técnicas y políticas que se tenga a mano, siempre de acuerdo a los fines y usos anticipadamente explícitos que tengan dichas evaluaciones y enmarcándolas en una política integral de mejoramiento de la calidad y equidad educativas. \r\n\r\nNo parece factible, sin embargo, preparar y realizar evaluaciones de esta envergadura, con estándares mínimos de calidad, en plazos tan cortos, ni parece suficiente evidencia de articulación con una visión bien pensada e integrada de políticas el anunciar que se divulgarán rápidamente los resultados en «una reunión» y que se realizarán «capacitaciones de acuerdo con los resultados».
Se está buscando «romper la inercia» confundiendo activismo con eficacia, olvidando la necesidad de tener en claro los fines y usos que se dará a la evaluación, y se está actuando de manera innecesariamente apresurada. Don Jorge del Castillo en su presentación al Congreso dijo que «necesitamos hacer más con los recursos que tenemos», pero también se comprometió a evitar «que los recursos que se obtienen a través de la recaudación de impuestos se utilicen en gastos innecesarios». Las pruebas del 2004 se aplicaron a «solo» 60,000 alumnos en unas 1,500 escuelas, y costaron cerca de 8 millones de soles. ¿Cuánto costará evaluar a 700,000 alumnos de segundo grado, muchos de ellos aún no familiarizados con la lengua escrita castellana? ¿Y cuánto la evaluación de los 400,000 docentes? Sin norte claro, e improvisadas apuradamente, sólo se lograría deslegitimar las evaluaciones como herramientas para la responsabilización y para el mejoramiento. Sería un desperdicio de los recursos de todos los peruanos, algo por lo demás inconsistente con la prometida austeridad.
