Private education: regulate before not to regret later, by Hugo Ñopo
“La iniciativa privada viene fallando en el objetivo de proveer un servicio educativo superior al que provee el sistema público. […] En los distritos de mayores ingresos la oferta privada de servicios educativos supera a la pública, en los distritos emergentes sucede exactamente lo contrario. Y claro, en los distritos pobres la oferta privada no llega, pues no hay mercado para ella”. Nuestro investigador principal, Hugo Ñopo, reflexiona en Semana Económica sobre el crecimiento de la provisión privada de servicios educativos.
Artículo completo:
Educación privada: regular antes para no lamentar después, Semana Económica, 15/09/2016
Por Hugo Ñopo, Investigador principal de GRADE
Se necesita una regulación que proteja adecuadamente a los cientos de miles de hogares que hoy están siendo estafados al recibir un servicio educativo de mala calidad.
Vivimos una euforia innovadora. El lema pre-socrático que dicta que lo único constante es el cambio ha ganado omnipresencia. La educación no ha sido ajena a esto y también se le reclama innovación, no solo en sus procesos pedagógicos sino también en la organización del sector.
En este marco surgió hace casi dos décadas el DL 882, que abre las puertas al lucro en la educación. Durante este periodo la provisión privada de servicios educativos ha crecido notablemente.
Hoy casi un tercio de la matrícula en educación básica regular en el país es privado. En Lima alcanza a la mitad de estudiantes.
Hay un consenso en la literatura nacional actual (véase los diversos trabajos de Balarin, Sanz y Cuenca, entre otros). La expansión de la oferta de servicios educativos ha mostrado dos características fundamentales: ha sido en gran medida desregulada y de una calidad altamente heterogénea.
La iniciativa privada viene fallando en el objetivo de proveer un servicio educativo superior al que provee el sistema público. Para esto son indicativos los resultados de las evaluaciones censales de estudiantes que hace casi una década tenemos en el país. En los distritos de mayores ingresos la oferta privada de servicios educativos supera a la pública, en los distritos emergentes sucede exactamente lo contrario. Y claro, en los distritos pobres la oferta privada no llega, pues no hay mercado para ella.
Tomar conciencia de esta realidad resulta fundamental pues implica un llamado hacia una mejor y más efectiva regulación del mercado de la educación.
La regulación es necesaria en un mercado con tantas fallas como el de servicios educativos: no hay libre entrada y salida de agentes (en ambos lados del mercado), la calidad del servicio es difícil de observar (parte de ella se puede ver en el momento de la provisión del servicio, pero otra parte importante de ella se revela solo en el futuro), y la racionalidad acotada de los agentes es especialmente palpable (véase los trabajos de Daniel Kahneman).
Siendo claramente necesaria la regulación, es importante reconocer también que ella debe adecuarse a la enorme heterogeneidad del país. El reto está en diseñar un conjunto de reglas que atienda esa diversidad. Por un lado, queremos que la regulación permita seguir innovando, creciendo y mejorando a quienes lo hacen bien. Pero por el otro, también necesitamos que ella proteja adecuadamente a los cientos de miles de hogares que hoy están siendo estafados al recibir un servicio de mala calidad. Ya lo dijo el Ministro Jaime Saavedra durante el CADE por la Educación sobre la regulación de las escuelas no públicas: “La intención es que no existan estafas y que haya espacios de subsanación y de mejora”. Los costos sociales de estas estafas se van a revelar en el futuro. No es buena idea esperar a que sea demasiado tarde.
