COVID-19 y violencias contra las mujeres: ¿Qué están haciendo otros países y qué podemos hacer en el Perú?
Por: Wilson Hernández Breña.
Ya sabemos que la pandemia incrementa el riesgo de violencia contra las mujeres. Antes de que sea tarde, saquemos lecciones de lo que otros países están haciendo para contener y prevenir la violencia, porque este problema no acaba con la cuarentena.
Foto: Proyecto CREER.
Las violencias contra las mujeres suelen aumentar durante periodos de crisis. Registros de ello se han dado en escenarios de conflicto y postconflicto vividos en países como Bosnia, Colombia, República Demográfica del Congo, Timor, Liberta y Ruanda e incluso durante el brote del Ébola en distintas partes de África expuestas a cuarentena.
Vayamos al contexto actual del COVID-19. Aunque todavía es muy temprano para conclusiones definitivas, hay indicios contundentes. Las Naciones Unidas ya ha alertado respecto del aumento de casos de violencia en diversas partes del mundo. La alerta es un llamado a no repetir lo que pasó en África, donde por estar tan preocupados en detener el contagio, no se establecieron protocolos para proteger debidamente a las mujeres, niñas y adolescentes de la violencia de género.
Como es de esperar, aún no hay investigaciones rigurosas sobre la relación entre COVID-19 y el aumento de violencia contra las mujeres. Por el momento, el mejor termómetro son las llamadas recibidas por las líneas telefónicas de ayuda para este tipo de casos. Además, por ahora las fuentes son en esencia periodísticas. Mientras que desde las cuarentenas en Argentina y Colombia, las llamadas a este tipo de servicios telefónicos han aumentado en 40% y 130%, respectivamente, en Australia un 40% de trabajadores de servicios de atención de víctimas de violencia reporta que reciben más llamadas de auxilio y un 70% considera que están recibiendo casos más complejos.
Así como otras crisis, el COVID-19 aumenta vulnerabilidades en grupos ya vulnerables. Un reciente reporte explica con detalle las razones por las que las agresiones contra mujeres, niñas y niños aumentan durante pandemias. Además, también se ha argumentado que la pandemia ha expuesto a la población LGTBI a mayor discriminación y violencia.
Como visibilizarlo implica evidenciarlo, esto nos lleva a un punto mayor. Las cifras que circulan son muy agregadas y, por tanto, invisibilizan a minorías como las descritas en el párrafo anterior, pero también a mujeres discapacitadas, adultas mayores, en zonas rurales, lesbianas, mujeres trans, etc. Esto nos alerta de los efectos diferenciados de la pandemia no solo sobre la mujer, sino sobre las mujeres, distinción que debe estar en las políticas públicas de respuesta del gobierno.
En la presión por actuar frente a toda esta problemática, urge revisar las medidas implementadas en otros países. ¿Por qué?
Primero, porque el ángulo sanitario de la pandemia ha invisibilizado que durante la cuarentena las agresiones contra las mujeres y otros grupos vulnerables aumentan.
Segundo, porque luego del levantamiento de la cuarentena, las violencias contra las mujeres no cesarán ni regresarán necesariamente a su “normalidad”. Las restricciones de movimiento se mantendrán, agresores y víctimas seguirán conviviendo más tiempo que antes de la cuarentena, el soporte social (de familiares y amistades) seguirá restringido para las víctimas, la exposición a condiciones de control y dominación de parte de agresores a víctimas se mantendrá, el estrés económico (por pérdida de empleo o ingresos) y el riesgo de contagio seguirá introduciendo tensiones permanentes en el hogar, etc. En un contexto como el peruano en el que la violencia está asociada a patrones machistas y desigualdades, todo esto abona a un riesgo continuo de agresiones psicológicas, físicas y sexuales.
Respuestas comunes
En distintos países, tres han sido las respuestas comunes y al mismo tiempo esperables.
Primero, expandir la oferta (básicamente, líneas de atención telefónica para casos de violencia, comisarías y juzgados declarados como servicios esenciales).
Segundo, difundir material informativo (cartillas, guías, etc.). Medidas de este tipo se han dado en Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, entre otros (incluyendo al Perú).
Tercero, difundir campañas de información. Están proliferando. No digo que no se realicen. Pero el consenso en la literatura es que este tipo de estrategia no es efectiva para reducir la violencia. Además, hay evidencia que señala que alrededor de las campañas para erradicar la violencia las mujeres en el Perú, las agresiones no disminuyen sino que aumentan. ¿Por qué? De un lado, la decisión de denunciar es un proceso acumulativo. No se da de la noche a la mañana. Las víctimas dan muchas ideas y venidas con la decisión de denunciar. Del otro lado, si ni siquiera hay consenso respecto de la efectividad de las terapias psicológicas para agresores de mujeres, menos aún hay perspectiva que mensajes marketeros disuadan a un hombre de agredir a su pareja.
En el marco de esta preocupación mundial, recientemente se publicaron algunos documentos clave que han facilitado la elaboración de esta nota. Un trabajo de ONU Mujeres, otro documento del mismo organismo internacional, y otro informe de CEPAL han sido referentes clave para identificar iniciativas y rastrear su contenido, las cuales comentamos a continuación.
Algunas recomendaciones a partir de las experiencias de otros países
-
“Pruebas rápidas” para violencia
Si normalmente es difícil identificar a una víctima de violencia, en estas semanas de cuarentena esta tarea es más complicada aún. Además, aun cuando las víctimas tengan la intención de denunciar, los servicios estatales no están posicionados como servicios de calidad.
En esa línea, la Presidencia de la República de Uruguay “elaboró un protocolo para que los equipos de salud de los sectores público y privado puedan detectar posibles situaciones de violencia doméstica”. En otras palabras, al visitar los hogares hacen una “prueba rápida” para identificar si alguna mujer en el hogar es víctima de violencia. La implementación debe llevarse a cabo con diversos cuidados éticos y metodológicos. Pero la idea de fondo es simple: identificar, referenciar y actuar. No esperar a que vayan a la comisaría luego de una nueva agresión.
-
“Mascarilla 19” (aviso silencioso)
Las víctimas de violencia severa en particular tienen pocas oportunidades para denunciar, incluso telefónicamente. Sus niveles de miedo son fuertes y por experiencias previas suelen pensar que las autoridades no les harán caso. Además, de ser descubiertas, enfrentarán las consecuencias de parte del agresor, por lo que muchas se inhiben de denunciar. Otras no saben cómo ni con quién hacerlo.
Para abordar estos problemas, en Canarias, España, se implementó la iniciativa “Mascarilla 19” en el marco de la actual pandemia. Sirve para que las víctimas de violencia pidan ayuda sin levantar sospechas. La mecánica es muy sencilla. La mujer va a una farmacia y pide al personal de la farmacia comprar una “Mascarilla 19”. No es un producto, sino una clave que permite avisar en confidencialidad y sin riesgos que está en situación de violencia y que necesita ayuda. Al escuchar la clave, el personal de la farmacia alerta a las autoridades quienes acuden inmediatamente a la farmacia. Por supuesto, hay un protocolo de actuación para el personal de farmacias y conexión con personal policial. Actualmente, esta iniciativa funciona en casi cuatro mil farmacias en varias partes de España.
Francia, Brasil e Inglaterra han manifestado la pronta adopción de iniciativas similares. Pero Ecuador ya la implementó. Se llama “Canasta Roja”. No hay que ir a una farmacia, sino llamar a un número telefónico. Cuando la víctima se comunica con este servicio, el funcionario le pregunta por una canasta y su color. La respuesta “roja” de parte de la víctima activa el protocolo. Si la víctima no puede brindar su dirección, se activa la geolocalización desde el ECU911 (símil de nuestro 105). Con esos datos, la policía busca a la víctima donde esté.
-
Fortalecimiento de hogares refugio: más cupos y más oferta en alianza con sector privado
Lo ideal es que una víctima de violencia severa pueda ser alojada en un hogar de refugio temporal. La creación y gestión de este servicio está a cargo de los gobiernos locales y regionales (artículo 29° de la Ley 30364). Sin embargo, el avance en su creación ha sido muy lento. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo halló que solo 7 de 25 gobiernos regionales los han creado y que además acogen a muy pocas mujeres. De hecho, dos refugios no acogieron a ninguna entre del 2017 y septiembre del 2018, mientras que el resto acogieron a menos de cien en el mismo periodo.
En varios países, los hogares refugio se han fortalecido bajo distintas estrategias. El gobierno uruguayo aumentó los cupos, y en Francia e Inglaterra se han generado alianzas con hoteles para brindar alojamiento gratuito a víctimas de violencia. Es el mismo tipo de medida que se aplicó en Perú en coordinación con empresas hoteleras para quienes regresaban al país desde el extranjero. De su parte, Canadá aprobó 26 millones de dólares a ser distribuidos entre sus 575 hogares refugio, 10 millones para hogares refugio destinados a población indígena y niños, y 4 millones más para los centros de atención por acoso sexual.
En Italia, la estrategia no ha sido sacarlas a ellas, sino a los agresores. Se les retira del hogar, cuidando que la víctima siga arraigada a su espacio y redes y no tenga que rehacer su vida en algún otro lugar. ¿Se necesita modificar alguna ley para aplicar esto en el Perú? No, los jueces pueden aplicar estas medidas. Sin embargo, algunos piensan que al hacerlo se viola el derecho a la vivienda del agresor.
-
Vigilancia electrónica
Uruguay decidió destinar más presupuesto para reforzar el programa de tobilleras electrónicas. Se les instala tanto a víctima como agresor y el dispositivo envía alertas en caso este último se acerque a determinada distancia de la víctima.
Equivale a nuestro sistema de grilletes electrónicos. No obstante, en el Perú los delitos de violencia de género no están incluidos dentro de esta posibilidad. Extender la vigilancia electrónica a los delitos vinculados a violencia contra mujeres es una tarea del Congreso. Pero también pasa por un buen diseño del sistema. Debe tomarse como lección aprendida que el actual sistema de grilletes electrónicos ha fracasado. El costo lo asume el condenado (casi 800 soles al mes) y desde que se implementó el sistema de grilletes electrónicos en julio del 2017 (mediante una Asociación Público Privada) solo 28 reos accedieron a dicho beneficio.
-
Ampliación de canales de atención
Cuatro de cada cinco mujeres agredidas por su pareja han acudido a una comisaría a denunciar el hecho, según la Encuesta de Salud y Demografía Familiar del año 2018. Muy pocas, menos del 2%, acude a un Centro de Emergencia Mujer, de acuerdo a la misma fuente. Si antes de la cuarentena ya había una fuerte demanda insatisfecha, hoy el escenario es más crítico.
Países como Argentina y Bolivia, han habilitado números de WhatsApp y correos electrónicos para facilitar la comunicación de las víctimas. Otros países cuentan con aplicaciones silenciosas (ocultas con otro nombre en el celular) que brindan información y referencia a servicios de atención. En el Perú, tenemos el Chat 100 del MIMP. Sin embargo, según los reportes del mismo MIMP recibe poco menos de 500 consultas al mes, lo que llama mucho la atención cuando en la actualidad los canales virtuales deberían ser muy demandados. Le falta mucha difusión y también extender su actual horario de atención (de 8 de la mañana a 10 de la noche).
-
Excepciones de movilidad para mujeres víctimas
Una mujer en situación de violencia debe denunciar. Pero hacerlo es muy complejo. En contextos normales, denuncian cuando la violencia es severa y son disuadidas cuando la pareja es cariñosa, de acuerdo a uno de los capítulos de un libro que editamos, o cuando pesa la opinión de la familia y la mirada conservadora de la sociedad, según otro estudio de la misma publicación. En contexto de pandemia, denunciar es más difícil por la simple limitación de no poder acudir libremente a la comisaría o no poder hacerlo a cualquier hora. Además, las mujeres que viven en zonas rurales enfrentan otras barreras. No resulta raro que, según los resultados del primer estudio citado en este párrafo, aquellas que viven en zonas rurales y aquellas que no hablan castellano tengan, respectivamente, un 25% y 10% menos probabilidad de denunciar violencia de parte de su pareja en una comisaría.
En Argentina, el mismo decreto que autorizó la cuarentena, contempló explícitamente la posibilidad que toda mujer y personas LGTBI puedan incumplir la cuarentena para interponer denuncia o pedir ayuda por violencia.
Quizás parezca una propuesta inocente. Cualquier persona que quiebre la cuarentena para denunciar, no debería ser detenida. Pero lo obvio no puede ser asumido, especialmente en tiempos de restricción de circulación. Además, hay un mensaje directo a las víctimas detrás de la medida: te escuchamos, te atendemos.
A modo de cierre
Las iniciativas acá descritas no tienen por qué limitarse a mujeres en situación de violencia. La mayoría puede ser extendida a la violencia contra niños, niñas, adolescentes y personas LGTBI, cuidando los enfoques interseccionales y de ciclo de vida. Todas ellas son en mayor o menor medida grupos vulnerables. El abordaje para ciertos grupos requerirá retos mayores pues enfrentan barreras sociales y culturales adicionales (mujeres indígenas, en situación de discapacidad, etc.).
Queda claro que la implementación de las medidas descritas involucra a varios sectores y niveles de gobierno actualmente sin ideas para abordar un tema invisibilizado por la mirada sanitaria. El sector privado también tiene un rol por jugar.
No hay una receta mágica que diga cómo eliminar la violencia durante esta pandemia y el periodo post cuarentena. De ahí que sea importante tomar medidas mirando a los vecinos y corrigiendo en el camino.
