opinión
 
 
El debate sobre las regalías mineras
Manuel Glave
PERU.21, 5/10/2004 / [8384]

“Establecer regalías es solamente el ejercicio del derecho que tiene el propietario de los recursos minerales de establecer un cargo por acceder a ellos”

En los últimos años, la minería peruana ha recuperado su papel protagónico en la economía y sociedad peruana. Para muchos el sector minero ha arrastrado al resto de la economía nacional a un periodo de crecimiento económico sostenido, fruto de un conjunto de políticas que se implementaron a partir de 1991 y 1992. A lo largo de este periodo se desarrolla en el país una intensa actividad de exploración, aprovechando el nuevo marco institucional del sector y los mecanismos de promoción de la inversión privada. El ritmo de crecimiento sectorial alcanzó el 8% anual en promedio, siendo largamente el sector productivo de mayor crecimiento en el país. Actualmente los derechos mineros vigentes ocupan más de 13 millones de hectáreas comprometiendo las tierras de más de 3,200 comunidades campesinas y nativas. Esto último no sería importante si no fuera por el creciente número de poblaciones donde se desarrollan estos proyectos mineros que en muchos casos desconoce sus derechos sobre recursos naturales, y las posibilidades de llevar adelante una negociación para obtener compensaciones por el uso de los mismos. Esto es precisamente lo que hace complejo y difícil para la industria lograr la licencia social, o el acuerdo con las poblaciones locales para desarrollar el proyecto. Ciertamente el problema radica no sólo en la (des)información de la población, sino también en la falta de capacidad tanto del sector público como del sector privado, para construir un nuevo marco institucional que permita desarrollar relaciones de confianza entre los actores, y que el impacto macroeconómico que genera la industria esté acompañado también de beneficios a nivel local.

El contexto en el cual se desarrolla este nuevo “boom” de la minería peruana se caracteriza entonces por la consolidación de percepciones enfrentadas de múltiples actores. Es por ello que en el país se vienen desarrollando diferentes iniciativas, que apuntan a institucionalizar el manejo de los conflictos, tomando con mayor responsabilidad el desafío de la concertación y la cogestión para el desarrollo de las regiones de influencia de la actividad minera.

No hay mejor ejemplo en el Perú de esta situación que el reciente e intenso debate sobre el establecimiento de regalías mineras. Sin embargo, más allá de la polarización ideológica y política que ha traído, sobresale la escasez de fundamentos teóricos de una u otra posición. No se trata, en realidad, de un tema de justicia social para que la industria compense a poblaciones locales influenciadas por los impactos sociales y ambientales. Tampoco es la creación de un impuesto ciego que reduce la competitividad de la industria a través de un sobrecosto. Establecer regalías es solamente el ejercicio del derecho que tiene el propietario de los recursos minerales de establecer un cargo por acceder a ellos. Este derecho, además, se debe aplicar al conjunto de los recursos naturales, renovables o no, que son patrimonio de la Nación.